Empresas cercanas a Germán Larrea las más favorecidas tras el derrame de químicos en Sonora.
Denuncian arbitrariedades en la entrega del FRS, las víctimas recibieron solo el 0.6 por ciento del total del fideicomiso.
A cuatro años del derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacánuchi, el Fideicomiso Río Sonora, destinó 7 millones 805 mil pesos a la atención de los afectados por el desastre, mientras que la cantidad total referente al tema de la salud, superaba los 78 millones de pesos, es decir, solo el 10 por ciento fue a parar a manos de las víctimas.
Cabe recordar que el 6 de agosto, cerca de 24 mil habitantes fueron afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, provenientes de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM). Desde ese momento quedó señalado como el desastre ambiental más grave en la historia de México, mismo que dejó muchos daños, sin reparar hasta la fecha.
De acuerdo a las cifras publicadas por el FRS, 71 millones 80 mil 280 pesos fueron a parar a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), una unidad que pese a no ser un centro de salud, recibió la mayor parte del fideicomiso destinado a ese rubro y que aún continúa en construcción (obra negra), aunque su inauguración estar lista para 2015.
Otros de los gastos reportados por el FRS reflejan una aportación de 150 millones 837 mil pesos al colegio de ingenieros Civiles de Sonora, 28 millones 614 mil pesos para el Colegio de Ingenieros Ambientales y 5 millones 502 mil a Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, familiar de German Larrea, líder de GM.
Además de la compra masiva de tinacos al familiar del director ejecutivo de Grupo México, indignó la cantidad entregada a las víctimas de desastre, 0.6 por ciento del total del dinero reportado, 2 mil millones, equivalentes al 61 por ciento del FRS, o lo que se traduce en 231 millones 367 mil 946 pesos.
Ante la opacidad en la entrega y distribución del dinero, Benjamín Cokelet, director de la organización Poder, denunció ciertas irregularidades, como la compra de los tinacos a Rotoplas y la utilización de más de 32 mdp para resarcir el daño ocasionado a GM tras el derrame. Para ello se utilizaron las pantallas de Cinemex, empresa subsidiaria por German Larrea, como escenario para evidencias las supuestas acciones encaminadas a la reparación del daño ambiental.
Sin embargo, después de tres años del derrame, y con el aval de la Secretaría de Media Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el FRS cerró en 2017, con cifras poco favorables a las víctimas de la catástrofe y con una evidente distribución arbitraria del dinero, con apoyos familiares y organizaciones civiles cercanas al gobierno, mientras la población afectada continúa a la espera de la reapertura del fideicomiso y a que se reparen los daños.
HOY NOVEDADES / MI MÉXICO
