«Me voy al infierno, pero no me voy solo»…consignó rabioso el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, respondiendo a los señalamientos que le hizo un entrante Miguel Ángel Yunes; consignó rabioso, antes de solicitar licencia a su cargo y fugarse del país a finales del 2016; consignó rabioso, el político a quien incluso su partido (PRI), lo borró de las fotos junto al presidente, en una visita que Peña Nieto realizó a tierras jarochas.
Aquellas «vacaciones» que duraron cerca de 258 días, iniciadas con su huida a mediados de octubre pasado, pausadas el 15 de abril, cuando se le detuvo en Guatemala, podrían finalizar el próximo 11 de julio, cuando «Javidú» sea entregado a las autoridades de México, luego de que este martes, en el juzgado de dicho país, aceptó ser extraditado a México para enfrentar los delitos federales que se le han imputado.
No obstante, planteamos el «podrían finalizar» por no pasar inadvertida esa exagerada kinestesia perseguida por los flashes, con la que el exgobernador desestimó las acusaciones de la PGR por lavado de dinero y delincuencia organizada, al afirmar que son delitos administrativos que se le atribuyeron cuando ya no era mandatario estatal.
Al expresar «He decidido allanarme…con relación a los delitos federales que me imputan, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país», el mismo individuo, que en la anterior audiencia tachó de fallido al gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó entrever que, incluso, entre militantes tricolores podrían actuar a cualquier precio, con tal de salvarse el pellejo.
Con el veracruzano en México de nuevo, el foco de atención pública se concentrará principalmente en dos políticos: el mencionado gobernador Yunes Landa y de manera específica en el presidente de México, cuya pasividad disfrazada de «discreción», manifiesta desde que Duarte se fugó del país, ha sembrado muchas dudas en la opinión pública respecto a la posición del gobierno ante las violaciones constitucionales de funcionarios priistas.
En esta última curva antes de que el sexenio peñista finalice, no llevar un adecuado procedimiento del caso, significaría el total desplome de una maquinaria que, después de 12 años fuera de Los Pinos, da la impresión de ser conducida apenas y con las uñas arañando un descontrolado volante.
Será interesante observar cuál es el proceder del Gobierno Federal con una «nata» como Javier Duarte, quien con sus actos delictivos propinó uno de los más terribles impactos en la, ya de por sí abollada, imagen del presidente en turno, carente de credibilidad tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, como si la extradición de Duarte fuera el turbulento inicio de otro capítulo de una novela de no ficción, la Auditoría Superior de la Federación mantiene una querella legal contra la PGR, pues ésta se declaró incompetente para investigar aquellos actos de corrupción durante el gobierno, en curso, de Javidú, por lo que el «Abogado de la Nación», como aquél abusivo hermano mayor que delega sus responsabilidades al menor, remitió 13 averiguaciones previas a la Fiscalía de Veracruz, al considerarlos delitos de fuero común, mismas que, para colmo, fueron archivadas y declaradas improcedentes el mismo día en que llegaron.
Da la impresión de que, aquél infierno citado por Duarte, está más bien aquí en México, territorio en el que los demonios políticos andan de allá pa’ acá, a plena luz del día, y en el que con la frase «Paciencia, prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia», piensa purgar su nombre.
Por Edgardo. V. L.
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