A cuatro meses de su partida, la administración de Peña Nieto no ha podido esclarecer el caso Tlatlaya.
Según las averiguaciones de la CNDH, al menos 12 personas habrían sido ejecutadas de manera arbitraria.
A más de cuatro años del caso Tlatlaya, un juez federal de distrito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el expediente de la presunta masacre de 22 personas a manos de integrantes del Ejército Mexicano.
De acuerdo a las averiguaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al menos 12 de las 22 víctimas habrían sido «ejecutadas de manera extraoficial», es decir, cuando ya se encontraban desarmadas y rendidas, durante el enfrentamiento entre militares y «presuntos» delincuentes la noche del 30 de junio de 2014.
Sin embargo, el juez encontró diversas irregularidades y omisiones durante la investigación, además de solicitar que se ahonde en el tema de las órdenes emitidas por los altos mandos y dirigentes del operativo. En especial pidió que se aclare la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
Cabe recordar que Tlatlaya se convirtió en uno de los acontecimientos más oscuros, referente al actuar indebido de las fuerzas armadas, y por consiguiente, uno de los episodios claves de la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que reabrir el caso a meses de su salida de la presidencia, significaría otro tema fallido, sin resolver y con muchas dudas durante los procesos de investigación.
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