Con el afán de combatir la delincuencia la Cámara de Diputados le dio luz verde, por iniciativa de los legisladores de Morena, al proyecto que amplía el catálogo de delitos a los que se les aplica el procedimiento llamado extinción de dominio. Ahora el dictamen aprobado se turnó a la Mesa Directiva, en donde la próxima semana se discutirá y someterá a votación.
De esta forma el «huachicoleo», la corrupción, el encubrimiento, la delincuencia organizada, el enriquecimiento ilícito, el robo de automóviles, los delitos contra la salud, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, ilícitos realizados por servidores públicos, robo de petroquímicos y petrolíferos estarán contemplados en la extinción de dominio.
Es decir, ahora el Estado mexicano podrá iniciar procedimientos, por la vía judicial, para afectar bienes a su favor que provienen de actividades ilegales, sobre los delitos ariba citados. Los diputados argumentan que, con esto, se inicia el fin de la «corrupción y el quebrantamiento de la ley», ya que, aseguran, se desinhibe la capacidad operativa de los delincuentes.
De inicio se tendrían que reformar los artículos constitucionales 22 y 73. No se cuestiona este hecho pues tiempos nuevos demandan leyes nuevas, y si la Carta Magna requiere de adecuaciones de actualización el cambio es bienvenido. Sin embargo, puede esto sentar un precedente en la actual administración que podría optar por modificar las Constitución a su modo para atender sus intereses. Esto lo podría conseguir con base en la mayoría legislativa que ostenta aunque, es bien sabido, que tal circunstancia es relativa y no absoluta.
Por otro lado la bancada de Morena pone como ejemplo a países como Guatemala, Argentina, Italia y Estados Unidos en donde la extinción de dominio ha funcionado de maravilla. No obstante, en la nación del «no me acuerdo» y «evado la ley» se podría entrar en un terreno complejo. La misma vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dolores Padierna, reconoció que «cada estado tiene procedimientos diferentes y es una diversidad que a veces se incurre criterios muy distintos en su aplicación, eso provoca incertidumbre».
En este sentido, externó la funcionaria, se dejó una opción parta que el Congreso «pueda también establecer alguna codificación unitaria en materia de extinción de dominio». Ahí está el detalle. Podría hacerse mal uso (abuso) de esta atribución. Mientras tanto, los 28 votos a favor en lo general y los 26 en lo particular ya fueron suficientes para dar un paso más.
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