Por César J.G.
Ahora resulta que todos repudian la violencia contra los periodistas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una vez más da la cara ante la poca o nula capacidad de respuesta discursiva ejecutora del presidente Enrique Peña Nieto, para «condenar y repudiar las cobardes agresiones contra periodistas, que atentan contra la libertad de prensa y son inaceptables».
Así mismo, señaló que la respuesta, por parte del estado, debe ser contundente y no debe quedarse únicamente en las palabras. El secretario de Gobernación también puntualizó que al gobierno federal le ha quedado claro que el sistema de protección a periodistas es insuficiente, situación lamentable dadas las cifras de corresponsales asesinados, durante esta administración.
Si bien, las desapariciones forzadas, asesinatos y torturas vieron la luz durante el sexenio de Felipe Calderón, ha sido durante este periodo de gobierno que han alcanzado lo que parece ser su clímax.
Durante una sesión con carácter de urgente por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la cual convocó Osorio Chong, cumpliendo una orden del presidente, se reiteró el compromiso por garantizar la ejecución del artículo 6º Constitucional, el cual establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque moralmente, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la libre información será garantizado por el Estado.
No obstante, qué tipo de medidas podrá implementar la Conago para otorgar la seguridad de los comunicadores que, en el cumplimiento de su labor, pierden la vida debido a que los intereses de terceros se ven afectados por la información que se difunde a través de los medios de comunicación.
No son aislados, ni raros los casos en los que los periodistas aseguran que han sido perseguidos y amenazados por las mismas autoridades y gobernantes, para ejemplo, lo sucedido en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, uno de los chivos expiatorios más corruptos de la época.
Muchas veces se ha hablado de los desplazados por parte del narcotráfico, sin embargo, poco se habla de los periodistas que son desplazados por la persecución de los mismos narcotraficantes, muchos de ellos pagados por los gobernantes.
¿Qué tipo de medidas podrá tomar la Conago? ¿Qué armas (legales) podrían implementar? ¿Qué tipo de plan de protección a periodistas podrán implementar?
Hace unos meses, Dolores Padierna había advertido que las medidas tomadas por la secretaria de gobernación eran poco efectivas, esto, refiriéndose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), institución que cuenta con una «filial» en Sinaloa, entidad donde recientemente fue asesinado el corresponsal de La Jornada, Javier Valdez, sin embargo, el titular de dicha dependencia a nivel nacional, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, señaló que en el estado de Sinaloa, no existe una Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas.
Esta situación de entrada plantea carencias y fisuras en la protección que el estado debe proveer a los periodistas en el país, mismas que deben ser solucionadas lo antes posible en la reunión de gobernadores. Lo segundo es que, por separado, deben trabajar en la eficiencia de las instituciones y dejar de permitir que la impunidad sea cada vez más usual en el sistema de justicia mexicano.
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