La plaza del ajolote.
¿Cuánto cuesta en México aplicar la ley con honorabilidad, independencia e incorruptibilidad?
Creer que la corrupción corresponde al bajo salario percibido por los altos funcionarios públicos, como lo dijo el señor magistrado, develaría el misterio de las cárceles mexicanas, muchas de ellas abarrotadas por humildes (pobres) connacionales, seres malos y deshonestos, que —por suerte— ya no comparten las calles con los asalariados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Resultaría fatídico que, por una promesa acalorada de campaña, México se vea envuelto en una interminable avalancha de corrupción, iniciada o culminada, dependiendo la filiación política, desde la máxima cúpula judicial de la nación, pues como lo mencionó Luis María Aguilar (el magistrado arriba citado), 651 mil 741 pesos son indispensables para «hacer su trabajo con independencia», misma que les otorgará las condiciones necesarias para realizar un servicio público indispensable e ineludible en un país democrático.
Bajo la lógica del señor presidente de la SCJN, su abundante riqueza le otorga el poder —casi divino— de la honestidad y sus miles de pesos en sueldo reafirman su incorruptibilidad, algo que los receptores del salario mínimo nacional, no lograrán alcanzar con sus ridículos 2 mil 686.14 pesos al mes.
Hasta antes de las palabras del señor magistrado, pensábamos que el acceso a la justicia y el respeto por las leyes pertenecían, muchas veces, a las cúpulas más poderosas y ricas del país, esos seres invisibles que vagan por México, dentro de sus vehículos blindados y aeronaves privadas, haciendo gala de sus riquezas y comprando, a diestra y siniestra, el acceso a los derechos humanos de toda una nación.
Sin embargo, tras escuchar las declaraciones del colegiado, reconocemos, ahora, una particularidad más de estas clases: el dinero los hace honestos, es decir, no tenerlo los orillaría a corromperse. Robos, corrupción, pago de favores y violación al estado de derecho, serían solo algunas de las prácticas que regirían a la justicia mexicana, si los funcionarios públicos encargados de solventarla tuvieran ingresos bajos.
En estos tiempos de «renovación nacional», nos gustaría pensar que dichas condiciones humanas deberían ser inherentes a todos y cada uno de los funcionarios públicos del país, independientemente del cargo o posición que ostenten. Quisiéramos que fueran características dignas de aplaudir, en lugar de condicionantes para un trabajo «efectivo, parcial y honorable».
El tema de la justicia nos rememora al cuento de Franz Kafka, «Ante la ley», en él, un campesino busca tener acceso a la ley, pero custodiando la puerta se encuentra un guardián que, sin prohibirle del todo la entrada, intimida al solicitante, obligándolo a la espera perpetua de la justicia.
Tras años de espiar por la puerta de la justicia, el campesino se da cuenta de que nadie más que él intentó acceder a ella, por lo que interroga al vigilante al respecto, éste le dice que eso es imposible, pues esa entrada es solamente para él y, como el momento de su muerte se acerca, tendrá que cerrarla.
Así termina la ficción de Kafka, con un hombre «libre» incapaz de lograr el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales; intimidado por un funcionario de la ley, aguardó años para que se le brindara el acceso; sin atreverse a flanquear el umbral de la justicia, murió y vivió con un anhelo al alcance de sus manos, pero imposibilitado para tomarlo.
Contrario al cuento de Kafka, requerimos un acceso a la justicia para todos, una puerta colectiva de fácil acceso, tras la cual se descubra un mundo nuevo e igualitario, donde prevalezcan el orden y el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos de toda una población, ya de por sí, diferente en extremo y con carencias ridículamente aisladas entre los diversos sectores de la sociedad. Pero sobre todo, requerimos funcionarios públicos que hagan bien su trabajo y enaltezcan la honorabilidad del puesto, en lugar de ponerle precio al ejercicio (público) de su función y condicionen, a unas cuantas monedas, la independencia de su labor.
Como el campesino, anhelamos la eliminación de los obstáculos que toman como propia la justicia y se dedican a su resguardo, bajo la amenaza de cederla solo a unos cuantos, por desgracia —también igual al campesino—, debemos sortear un muro enorme de incertidumbre, malos manejos y discriminación que tienen bajo su mando a la justicia, creyéndose dueños de un bien común y merecedores de esa abundancia que favorece cada vez a menos mexicanos.
Por: Ernesto Jiménez
HOY NOVEDADES/LIBRE OPINIÓN
