La PGR modificó su acusación contra Javier Duarte y lo acerca a la libertad condicional.
Después de un año, la PGR no pudo acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que Javier Duarte será procesado por asociación delictiva: un delito menor que no amerita cárcel preventiva.
Después de un año y cuatro meses tras las rejas, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría continuar su proceso en libertad, pues la Procuraduría General de la República (PGR) modificó la acusación en su contra, de delincuencia organizada, pasó a convertirse en asociación delictuosa, un delito menor y que no amerita «prisión preventiva de oficio».
En un principio, los cargos presentados por la PGR contra Duarte fueron por Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no obstante, cerca de la media noche de ayer (martes 21 de julio), la dependencia federal modificó su primera acusación por el delito de asociación delictuosa. En adelante, el juez deberá informar a la defensa del exmandatario, para que en un plazo no mayor a 10 días, presenten las pruebas necesarias.
Con dicha modificación en la denuncia, Duarte podría ver reducida su condena, pues el delito de delincuencia organizada se castiga con una pena de entre 20 y 40 años de cárcel, no obstante, la pena por asociación delictuosa es de 5 a 10 años de prisión. Además, al no considerarse como un delito «no grave», el acusado puede continuar su proceso en libertad.
Ante ello, la PGR afirmó que solicitará al juez se aplique una medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Javier Duarte, por el inminente riesgo de una fuga. No obstante, la Procuraduría tuvo más de un año para recabar y presentar las pruebas necesarias para acreditar sus acusaciones, empero al término del plazo de los tiempos judiciales, no consiguió sostener su acusación por delincuencia organizada, por lo que tuvo que modificar su denuncia.
En adelante, Javier Duarte, al menos en el mediano plazo, podría solicitar continuar su proceso en libertad y así abandonar el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, pese a los 82 «datos de prueba» que la PGR aseguró tener en su poder, en los que se acredita la participación del exgobernador en una amplia red de empresas «fantasma» (Consorcio Brades y Terra Urbanizadores), orquestadas para lavar y desviar dinero del erario público. Algunas cifras refieren el desvío de 438 millones de pesos.
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