Esta ley empezó a ser impulsada en el año 2015 por diversas organizaciones civiles tras la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa.
Se crearán fiscalías especializadas, un Sistema Nacional de búsqueda de personas con una Comisión Nacional y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas. El pasado mes de abril el Senado dio la aprobación a esta ley que se aprobó con 361 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.
La desaparición forzada en nuestro país es un tema que ha estado presente en la agenda nacional desde hace algunos años. Alrededor de 30 mil mexicanos desaparecidos es la razón de esta situación. Y tras dos años de negociación la Cámara de Diputados acaba de aprobar en definitiva una ley al respecto.
La ley recién aprobada establece que las desapariciones forzadas se castigarán con penas de 40 a 60 años de prisión, la cual puede aumentar si la víctima es menor de edad, mujer, migrante, discapacitado, periodista, defensor de los derechos humanos o si pierde la vida. Mientras que para para desapariciones realizadas por particulares –por ejemplo, crimen organizado– la condena será de 25 a 50 años de cárcel.
Al respecto Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación para México, Centroamérica y Cuba del CICR, declaró lo siguiente: «Ahora será fundamental, para que cumpla las expectativas depositadas en ella, dotarla del presupuesto necesario por parte de la Cámara de Diputados para atender a las familias, y trabajar en los reglamentos y leyes secundarias que hagan de su aplicación una realidad».
El funcionario enfatizó que las familias que han padecido la desaparición de alguien cercano han esperado esta ley de forma especial, así como los expertos en la materia quienes demandaban una legislación al respecto. Ya solo se espera la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
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