Por César J.G.
Bajo el contexto en el que vivimos, no es descabellado hablar de aquel diálogo que Héctor Bonilla enuncia en la película Rojo Amanecer (1989) «Con el gobierno no se juega». Se puede pensar que la interminable lista de periodistas que han muerto «en cumplimiento de su deber» se ha acrecentado no es solo por jugar con el gobierno, sino que existen varias ramificaciones.
De más está brindar un vasto contexto respecto a los acontecimientos en los cuales el gobierno federal es señalado por fraguar atentados que culminan con el asesinato de políticos, miembros del clero, civiles o periodistas.
Cuenta la leyenda que Raúl Salinas, hermano del expresidente, fue el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su cuñado. Recordemos también las acusaciones en contra de Carlos Salinas de Gortari, ante la muerte del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Sabiendo esto, no es descabellado pensar que si son capaces de perseguir a sus compañeros políticos y familiares, harán lo mismo en contra de quienes evidencian y publican sus intereses.
El periodismo, la libertad de expresión es considerada un derecho humano universal, sin embargo, existe una línea delgada entre el amarillismo y el verdadero representante del oficio. «La libertad de expresión no es libertinaje», he escuchado mencionar a diversos periodistas, mismos que transitan mediáticamente como en campos minados.
Los casos de persecución a periodistas fueron muy suscitados en Veracruz, durante el sexenio del recién capturado político, Javier Duarte, quien, hasta el momento, no ha sido extraditado, pero que suponemos, está siendo protegido por el presidente de México. Mismo que estamos seguros, nunca confesará los verdaderos nexos que estableció desde el palacio de gobierno jarocho con miembros del crimen organizado.
Expositores de esa situación fueron gran parte de los periodistas que fueron asesinados y perseguidos. Mientras tanto, el gobierno federal se llena la boca diciendo que implementarán medidas que garanticen dicho derecho cuando inclusive ellos, de la manera más sutil, llegan a censurar, no violentamente, sino con la restricción.
Casos como estos son los responsables de que la periodista Carmen Aristegui no continúe en sus emisiones matutinas de radio, o que a los corresponsales de La Jornada les sean negadas las invitaciones a eventos de las secretarías de gobierno.
A pesar de que el gobierno federal se encuentra «con la guardia arriba», ante el constante acoso y las agresiones a los periodistas, cada día, al dar lectura a las noticias de las primeras planas, es común encontrar notas en las cuales se vislumbra que el Estado de Derecho ha sido enterrado, como los miles de muertos derivados de la guerra contra el narcotráfico.
Mientras tanto, la CNDH emite recomendaciones, que la Secretaría de Gobernación pareciera no entender, puesto que no ejecuta ni una. Entre más medios internacionales hacen notar que el periodismo en México es constantemente agredido, la política nacional más se empeña en tapar dichos pronunciamientos y, en su lugar, desmentir con cifras inventadas.
Diversos medios de comunicación firmaron un comunicado con el cual denuncian «la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México».
Este comunicado ha sido firmado por los medios nacionales e internacionales de mayor relevancia, o por lo menos, los más sensibles ante el asesinato de personal del gremio, pero hay uno, que al igual que el narco, es una ramificación del gobierno federal, y no es capaz de enunciarse en favor de la libertad de expresión, quizá por ser parte del problema, de la censura y de la manipulación, o porque sus reporteros, casualmente, no han sido agredidos: Televisa.
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