Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se ha iniciado el combate contra el robo de combustible. El tabasqueño propone considerar le llamado huachicoleo un delito grave para que estos delincuentes no tengan posibilidad de salir libres bajo fianza.
La actual administración federal ya realizó un diagnóstico sobre este mal que dejó a Pemex con pérdidas de 35.5 millones de pesos en los últimos dos años, según datos proporcionados por la misma empresa. Luis Crescencio Sandoval, titular de la secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que son 58 puntos los que necesitan de seguridad para defenderse de los huachicoleros: 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo, 15 sistemas de distribución y seis refinerías.
López Obrador y su gabinete de seguridad pretenden blindar estas instalaciones mediante la intervención de aproximadamente 4 mil militares, quienes vigilarán los «procedimientos de abastecimiento y reparto» de combustible. Los puntos referidos serán repartidos entre la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última tendrá más puntos a su cargo.
Gente del actual gobierno culpa a las administraciones pasadas de solapar el huachicoleo, usándolo como una forma para privatizar el llamado oro negro. Su idea es sacudir a Pemex desde dentro para poder explotar al máximo ese recurso natural que poseemos como nación y del cual solo se benefician unos cuantos. El tabasqueño pretende, con ayuda de 15 dependencias, ponerle punto final con base en el redoblamiento de seguridad y con mano dura para los funcionarios corruptos que se presten para este tipo de prácticas.
Apenas este viernes el gobierno dio a conocer que ya detectó a un sujeto que se enriquecía con el robo de hidrocarburos, el cual ya fue denunciado ante la PGR. Fue gracias a la llamada Unidad de Inteligencia Financiera que se detectó la actividad de este «vivo» que hurtó un monto de hasta 80 millones de pesos gracias a su negocio ilegal.
El susodicho cuenta con antecedentes penales (portación de armas de fuego exclusivas del ejército y posesión de drogas); el rastro de sus nexos llegan a la clase política y al crimen organizado. Nada novedoso ni que sorprenda, esperemos la investigación tenga el alcance que merece y, ya ahí, no se intente aplicar el borrón y cuenta nueva, sino que se exhiba y enjuicie a quien tenga responsabilidades por asumir.
Tampoco sobresale que de 2016 a 2018 las pérdidas de Pemex por el huachicol se hayan registrado un alza del 115 por ciento. Hasta la ex residencia oficial hoy convertida en museo sufrió del saqueo rapaz. Ojalá el actual gobierno recupere y modernice Pemex, lo que representaría el primer paso. El segundo es, tal vez, el más difícil: explótalo en beneficio de todos los mexicanos.
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