Fue en septiembre de 2014 cuando desaparecieron los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos. La tragedia, sin esclarecerse y con más dudas que certidumbres, propició que en 2016 llegara a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la necesidad de que un ente autónomo y externo revisara el caso sin presiones de ningún tipo que encauzara su trabajo.
Tras dos años de investigación, la CIDH concluyó en los últimos meses del año pasado que se encontraron puntos negros como «una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzadas; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión». La CIDH trabajó en aquella oportunidad junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Como parte de la «verdad histórica» del gobierno mexicano encabezada por Enrique Peña Nieto, se encontraba la versión oficial de la PGR sobre la investigación en el basurero de Cocula. Según la hoy extinta dependencia, los 43 estudiantes fueron incinerados en este lugar, sin embargo, tras un año de trabajo de peritaje el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que se trataba de una mentira de las autoridades mexicanas.
Ambas indagatorias confirmaron lo que era, a todas luces, una realidad. El gobierno de México se empecinaba en dar carpetazo al caso, en encontrar culpables o respuestas prontas para calmar el reclamo de justicia de los familiares. Ahora la actual administración federal ha anunciado el retorno de la CIDH y el GIEI, lo que brinda un poco de esperanza en aquellos que buscan saber qué es lo que pasó con los 43.
Con esta acción se pretende dar certeza a los «padres y madres de familia» que llevan más de cuatro años tratando de dar con el paradero de sus hijos. Sin duda alguna el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da un paso firme en el añorado esclarecimiento del caso Ayotzinapa. No obstante, ambos grupos de profesionales externos se seguirán topando con la confusa telaraña de corrupciones y encubrimientos que no permiten la correcta aplicación de la justicia en el país. No olvidemos que el caso de la escuela Raúl Isidro Burgos es solo una pieza del rompecabezas de muertos y desaparecidos en el que se ha convertido México.
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