Reporte 2017 de Amnistía Internacional revela el aumento de la inseguridad en 2017.
Fue 2017 el año más violento en la administración de Peña Nieto, con 42 mil 583 homicidios y con el mes de octubre como el más violento en la historia del país.
Preocupante es para la seguridad nacional el último informe presentado por Amnistía Internacional (AI), pues en el año pasado, México terminó con la cifra de homicidios más alta desde el comienzo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto: 42 mil 583 asesinatos, peor aún, la cifra debe ser más alta debido a los crímenes no denunciados y aquellos que no merecieron la participación de la policía.
Ante esta crisis de inseguridad, el jefe del ejecutivo mexicano anunció, el pasado 21 de diciembre, que la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación, no obstante, afirmó que esperaría el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacer uso de dicha ley.
En una primera instancia, la LSI fue promovida como un intento de regular el actuar de las Fuerzas Armadas, quienes desde 2007, bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, salieron de sus cuarteles y emprendieron una guerra contra el narcotráfico que aceleró las disputas y convirtió varios estados de la República en escenarios de matanzas, desapariciones, venganzas y tiroteos indiscriminados.
Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba, respecto a aprobar o no la LSI, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), defensoras de Derechos Humanos, nacionales y extranjeras, y diversos especialistas en la materia argumentaron que regular la participación del ejército en las calles atentaría contra la autonomía de las entidades federativas, violaría los derechos humanos y de información y daría oportunidad a los militares para cometer atrocidades bajo el cobijo de la ley.
Peculiar resultó este último cuestionamiento, pues Peña nieto se aglutinó en el respeto y fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas: En un evento realizado en el campo militar número 1, en marzo de 2017, el presidente aseguró «Quienes Lastiman a nuestras Fuerzas Armadas lastiman a México y quienes las desacreditan, desacreditan a México (…) Son inadmisibles las expresiones que algunos de manera simple, no sé si por ignorancia o con dolo, descalifican la labor de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas».
A las descalificaciones que el Presidente de México se refiere, es a las acusaciones en contra del ejército mexicano por violentar los derechos humanos, especialmente después de los hechos ocurridos en Tlatlaya (Estado de México) el 30 de junio de 2014 y Ayotzinapa (Guerrero) el 26 de septiembre de 2014.
En el primero de los casos la «versión oficial» afirmó que los 22 cuerpos encontrados en una bodega del Estado de México fueron muertos luego de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, empero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su recomendación recomendación 51/2014, determinó que 15 de los cadáveres fueron ejecutados. Una orden lejos de lo establecido en la Constitución.
Para Ayotzinapa, el gobierno federal no ha podido esclarecer, a tres años y medio, que fue lo que pasó realmente con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos. Y las marchas y exigencias de los padres de los normalistas continúan efectuándose a lo largo del territorio nacional, culpando al Estado de la desaparición forzada de los estudiantes.
En este sentido, el informe de AI refiere que las detenciones arbitrarias fueron una constante a lo largo y ancho del país, teniendo su punto más álgido con el caso de los 43 normalistas, pero que recobró gran fuerza con el caso de Marco Antonio, un joven estudiante de la Preparatoria Número 8 de la UNAM y quien fue reportado desaparecido por 5 días, para después reaparecer con graves daños en su salud y muchas interrogantes que demuestran un actuar irregular por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México.
Lo más grave de estas detenciones, afirma AI, es que la omisión de los derechos humanos en ellas da entrada a la vulneración de otros delitos, tales como la tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; similares a las ocurridas en Tlatlaya y más recientemente en una hacienda ubicada en la Limita de Itaje en Culiacán Sinaloa, donde una vez más se investiga el actuar de la Marina Armada de México, pues se les relaciona con la ejecución de cuatro personas, según la información de algunos testigos, mientras la «versión oficial» ha vuelto a argumentar un enfrentamiento (https://goo.gl/goeyxf).
Aún más preocupante es que las cámaras de diputados y senadores hayan hecho caso omiso a las peticiones para echar atrás la LSI, y que ésta ya se encuentre en revisión de la SCJN, institución que a pesar de haber recibido diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de la tan controvertida ley, no parece con intenciones de revocarla, toda vez que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la CNDH y algunas entidades municipales y estatales se han proclamado en contra.
Las controversias aceptadas por la SCJN argumentan que la LSI violenta los derechos humanos, la autonomía y el derecho a la información de los ciudadanos y los estados de la República, esto por considerar que algunos de sus artículos promueven la participación del gobierno federal y en particular de las Fuerzas Armadas, sin esclarecer de manera puntual las condiciones para que esto suceda, dando así un amplio margen de acción en condiciones poco favorables para la población.
Sin embargo, según lo reporta AI, el año más violento para la administración de Peña Nieto comenzó con un incremento a las gasolinas, mismo que produjo manifestaciones, cierre de carreteras e intentos de saqueos a tiendas departamentales, mostrando tal vez el deterioro de una sociedad fastidiada por los escándalos de corrupción: casos como Javier Duarte, Roberto Borge, Tomas Yarringtone, Eva Cadena, Cesar Duarte y las acusaciones por desvíos de dinero desde las redacciones periodísticas: Casa Blanca y La Estafa Maestra.
Es entonces cuando otro rubro de la sociedad mexicana se vio afectado. Los periodistas asesinados aumentaron su número y lo hicieron a la par de un gobierno incapaz de solucionar los problemas de inseguridad, con el nivel más alto de impunidad en América Latina y ocupando el cuarto puesto de los 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con un nivel de impunidad de 69.21 por ciento.
Los periodistas mexicanos asesinados en 2017 fueron 14, uno menos que Siria, un país en Guerra, con casos emblemáticos como el de Javier Valdez y Miroslava Breach,y que movilizaron al gremio a exigir justicia y encarar al entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se esclarecieran los casos; periodistas que fueron atacados por la labor que realizaban y por no permitir la censura en su trabajo diario, incluso conociendo los riesgos que ello implicaba.
Aun así y pese al dolor que se expande, por un año más que agresivo en el país, el presidente de México sigue argumentando que las redes sociales son lapidarias, que no se cuenta lo bueno de su gobierno y los medios hacen énfasis en las malas acciones de su administración. ¿Cómo contar lo bueno, cuando los estudios nos recuerdan que es más lo malo a contabilizar que las promesas cumplidas? Cuando las cifras que no provienen de los organismos gubernamentales nos muestran que 2018, comenzó con más aumento a la gasolina, con más periodistas muertos, con más escándalos de corrupción, con más promesas de políticos y con más acciones irregulares de los elementos que deberían pugnar por la seguridad nacional.
En 2018, un año con elecciones presidenciales podría significar para México un incremento de la violencia encaminada a los actores políticos, desde una cúpula del poder que se aferra a dejarlo, pero sin solucionar los mayores problemas en la nación: la violencia generalizada contra las mujeres, las violaciones a los derechos humanos, el respeto y los derechos de las personas con diversas preferencias sexuales, el abuso y los ataques contra periodistas, la corrupción, impunidad, inseguridad, narcotráfico, pobreza, desigualdad social y otros problemas en la gran lista de las cosas que sí cuentan mucho.
Por: Ernesto Jiménez
HOY NOVEDADES/EN BOGA
