El gobierno mexicano rechazó ceder ante las amenazas del gobierno estadounidense.
La CNDH ha entrado en pláticas con el INM para garantizar que los migrantes cuenten estricto apego a sus derechos humanos.
Luego de que la Caravana migrante proveniente de Honduras emprendiera su camino hacia la frontera con México, las alarmas en Estados Unidos se encendieron. Este hecho propició que su presidente, Donald Trump, amenazara, como es su costumbre, con revisar el USMCA, el tratado por el que el Gobierno de Enrique Peña Nieto negoció hasta el cansancio.
Por si fuera poco, el mandatario estadounidense pidió a nuestro país detener este «ataque» y adelantó que, de no hacerlo, enviaría al ejército de los Estados Unidos a la frontera sur para impedir que los cientos de migrantes que conforman esta caravana entren a su país.
Fue a través de Twitter que Trump lanzó dichas amenazas, y continuó:
«El asalto a nuestro país en nuestra frontera sur, incluyendo los elementos criminales y las drogas que se derraman, es mucho más importante para mí, como Presidente, que el comercio o el USMCA. Esperemos que México detenga este ataque en su frontera norte. ¡Todos los demócratas fallan por leyes débiles!».
Posterior a ello, culpó a los demócratas por el «asalto a nuestro país por Guatemala, Honduras y el Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para detener este gran flujo de gente, incluyendo muchos criminales, de entrar a México y a Estados Unidos».
Al respecto, el gobierno mexicano, a través de su secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que no se cederá a ningún tipo de presión por parte del mandatario estadounidense. «Frente al gobierno norteamericano, seguir expresando con toda claridad que rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo porque no lo vamos a hacer en materia migratoria. Aplicarlo distinto es una decisión de los mexicanos y va en función de respeto a los derechos humanos».
Además, Navarrete Prida reconoció que esta caravana corre un grave peligro, sobre todo en términos de xenofobia, conducta mostrada constantemente por el actual gobierno de Estados Unidos.
«Hacer una carava migrante con muy pocas o nulas expectativas de éxito para ingresar a territorio norteamericano, con un gobierno que ha tenido actitudes xenófobas como es el gobierno del presidente Trump, eso significa un enorme riesgo para esas familias».
Aunque hay reportes de que migrantes que integran dicha caravana han dimitido ante su objetivo, el secretario de Gobernación informó que contrario a esto, crece conforme avanza, puesto que a ella pueden sumarse migrantes salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Ante ello, negó rotundamente que el Gobierno mexicano vaya a deportarlo o use a las Fuerzas armadas para replegarlos.
Este discurso, contrasta con el emitido por la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en las últimas horas anunció que deportará a todo aquel migrante que no cuente con los papeles necesarios para ingresar a territorio mexicano. Ante esto, la alternativa podría ser que los miembros de esta movilización pidan asilo en nuestro país, razón por la que se les permitiría el tránsito hacia el norte, a la frontera con Estados Unidos.
En días pasados la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno mexicano garantizar el respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de los integrantes de este conjunto de migrantes. Hasta ahora, este organismo ha anunciado que intensificó sus actividades en la frontera sur, específicamente en Chiapas.
Igualmente, la comisión de derechos humanos informó que el Quinto Visitador General Édgar Corzo Sosa se ha entrevistado con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración con la finalidad de garantizar el carácter humanitario hacía los visitantes, poniendo especial interés en los grupos que podrían ser vulnerables, como lo son niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, así como personas mayores y personas con discapacidad.
El personal de este organismo nacional se ha dado a la tarea de visitar albergues y sitios de reunión de las personas en contexto, así como con el personal consular de Honduras para procurar la asistencia humanitaria, siempre en pro de verificar que no sean víctimas de expresiones y prácticas discriminatorias o xenófobas.
Mientras tanto, el gobierno mexicano ha solicitado el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que de acompañamiento a las autoridades competentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en la atención a los solicitantes de refugio.
Con ello, se busca contribuir en una solución de carácter humanitario con total al marco legal, con apego a los derechos humanos y así, «garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, particularmente la de los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres, y evitar que las personas sean engañadas por organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de personas, que ponen en peligro sus vidas».
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