La oferta de un México mejor en donde los pobres fueran los primeros para el gobierno y el bienestar reinaran en todo el país paso de ser una excelente estrategia de campaña a una auténtica pesadilla que poco tiene que ver con las propuestas de un México que hoy no vemos.

Lo que se ofreció en campaña y por lo que optaron millones de mexicanos fue un mejor sistema de salud, más seguridad, mejor economía, defensa de las mujeres, una transformación que no llega y a éstas alturas del sexenio muchos tienen claridad de que no sucederá.

Por el contrario, lo que hemos visto es el desmantelamiento de instituciones de todo tipo, salud, ciencia, arte, seguridad, todo en aras de cumplir una serie de obras de relumbrón que se convirtieron en el capricho más caro del presidente.

MÉXICO EN CRISIS DE SALUD

El derecho a la salud es una de las principales conquistas de las y los mexicanos, por años se trabajó en la construcción de las principales instituciones con que cuenta el país, después se hizo una gran labor con el personal, con problemas específicos de salud, con un adecuado cuadro de medicamentos y la elaboración de las Normes Mexicanas de Salud donde se dictaban los lineamientos generales para la atención de enfermedades como cáncer o diabetes.

En efecto todo ha cambiado, pero para mal, y de lo ofrecido por años, poco se ha hecho realidad y por el contrario las cosas han empeorado, la falta de medicamentos, las deficiencias en los hospitales, la falta de personal, el abandono de la infraestructura, todo, absolutamente está lejos de lo que se esperaba.

México también ha sido un país de tradiciones, una de ellas ha sido la vacunación, que fundamentalmente se creó para proteger a la infancia, población que por décadas fue víctima de diversas enfermedades infecciosas. Pero si algo representa la joya de la corona en cuanto a fracasos en materia de salud tiene que ver la promesa de que México contaría con un sistema de salud similar al de Dinamarca.

Era 2020 cuando el régimen oficial cambio el modelo de salud, desapareció el Seguro Popular y dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), una figura que nació torcida, malformada, llena de carencias, mal desde su estructura y que tres años después, el propio gobierno se encargó de desaparecer en respuesta al fracaso que representó.

Un fracaso que es absoluta responsabilidad del gobierno actual, porque jamás logró atender a las y los millones de mexicanos que carecen de seguridad social, personas con nombres, pero sobre todo con enfermedades que quedaron en la indefensión, sin la posibilidad de recibir atención médica, pero también, medicamentos gratuitos, esos que por costosos no están al alcance de millones de familias, tanto de zonas urbanas, como rurales.

En la narrativa del gobierno, la atención a los pobres es prioridad, pero eso no fue lo que vimos durante los 3 años que existió el Insabi, por el contrario, lo evidente y claro para millones fue el desinterés absoluto por la adquisición de medicamentos, mejoras en los hospitales, atención digna, equipamiento de calidad y todo lo que se necesita para ser atendido médicamente en condiciones medianamente óptimas.

La pandemia, evidenció que la desaparición del Seguro Popular fue una ocurrencia del titular del ejecutivo federal, un plan basado más en la revancha política, que, en una estrategia sólida, donde la ciudadanía y sus necesidades estuvieran en el centro de las decisiones del gobierno actual. En lugar de eso vimos un sistema desarticulado, que no pudo hacer frente a la crisis de salud que representó el covid-19.

Pero si la pandemia dejó ver las carencias, para 2021, el Insabi colapsó, junto con todo el sistema de salud debido a la falta de insumos y medicamentos, materiales de curación, y la falta de atención adecuada a patologías crónicas y degenerativas. Fue en ese año y en el anterior que las mujeres se quedaron sin el FUCAM, para prevenir y atender cáncer de mama, pero tampoco encontraron en el Insabi, el apoyo para poder atender a las mujeres que enfrentan ese padecimiento.

Y todo ello porque para la actual administración el dinero que se destina a la salud de la población, esa que tanto dice defender, es un gasto, no una inversión, y es preferible gastar el dinero en un aeropuerto, en una refinería o en un tren maya, a fin de complacer al presidente, que destinarlo a curar y salvar vidas.

Por eso la iniciativa para desaparecer el Insabi vino, precisamente del partido del presidente en la Cámara de Diputados, porque nació muerte, es decir, sin recursos, sin estrategia, sin reglas de operación y sobre todo sin fondos públicos como si tuvo en su momento el Seguro Popular, figura que desapareció por razones políticas.

Ahora, nos dicen que en lugar el Insabi la responsabilidad de la atención médica, a población abierta se transfiere al IMSS-Bienestar, con lo que se sobre carga la atención de ese instituto con 12 millones de personas más, aunque a la fecha no sabemos cuánto aumentará el presupuesto, el personal médico, las instalaciones, los insumos y medicamentos, porque de eso no nos han dicho nada.

Con estos hechos Morena y sus gobiernos  demuestran con hechos, no con palabras, que ni la salud, ni los pobres son de su interés, pero si una bandera que explota, porque si alguien ha lucrado y sacado provecho de  la pobreza de millones de personas, es quien hoy habita el Palacio Nacional.

Otro fracaso tiene que ver con el tema de la vacunación, cuya historia se remonta a finales del siglo 18, y en ella también se incluye una exitosa historia en la elaboración de inmunológicos, pero hoy tristemente se encuentra en riesgo debido a la austeridad mal entendida y una inadecuada política de vacunación.

En 1973 se creó el Programa Nacional de Inmunizaciones, con lo que inicia la vacunación masiva contra siete enfermedades, entre ellas tuberculosis, sarampión, tétanos, difteria y tosferina, gracias a ello, México asumió el

compromiso de implementar políticas y compromisos tanto nacionales como internacionales de vacunación, que lo ubicaron a la vanguardia en la región de América Latina.

No obstante, con la llegada de la llamada 4T al gobierno, ese avance ha tenido retrocesos y modificaciones que hoy deben ser considerados un foco rojo en detrimento de las y los niños de todo el país, para muestra diversos botones.

Por ejemplo, la vacuna contra el papiloma humano que en 2018 tuvo un millón de dosis aplicadas, los siguientes tres años no se aplicó y para 2022 apenas reportó 929 mil 311 dosis, esto representa 30% menos de lo que se vacunó en 2018. Esta vacuna beneficia fundamentalmente a niñas.

La vacuna DPT, que protege contra difteria, tosferina y tétanos, pasó de un millón en 2018 a 700 mil para 2019 y 2020 y el año pasado, según cifras oficiales reportó un millón 200 mil dosis aplicadas.

Por su parte la pentavalente se dejó de aplicar, mientras la hexavalente aumentó el año pasado y este, lo mismo que la triple viral que protegen contra enfermedades que por décadas azotaron a la infancia mexicana.

Durante décadas, el Programa Universal de Vacunación fue un orgullo para México ya que su objetivo fue mejorar la sobrevida de la infancia, además de promover, proteger y cuidar la salud de los menores, gracias a la elevada tasa de cobertura, con lo que se logró la erradicación de enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, tétanos y tosferina.

Curiosamente las vacunas que protegen contra algunas de esas enfermedades son las que el gobierno federal ha decidido no aplicar o hacerlo en menor cantidad, sin explicar el motivo para esa decisión, aunque todo hace suponer que se debe a la austeridad, a los errores en la compra de inmunológicos y también al desinterés que se da a los servicios de salud.

Esa decisión representa una violación al derecho que las infancias tienen de tener acceso a la salud y a servicios médicos universales. aunque en el papel ese derecho existe y se respeta, la realidad es que hoy México dista mucho de estar a la vanguardia en materia de vacunación.

Con ese panorama, el país no podrá aspirar a tener un sistema de salud como Dinamarca, porque mientras el Programa Nacional de Vacunación mantenga deficiencias y retrasos que abren la posibilidad de que regresen enfermedades que por décadas provocaron discapacidades, gastos al Sistema Nacional de Salud y una estela de discriminación que costó décadas combatir, el sueño del actual gobierno no será realidad y más bien, se puede convertir en una pesadilla.

Y dentro de los temas de violencia en contra de la mujer también está el incumplimiento del pago de la pensión alimentaria situación que afecta a miles de mujeres quienes por fortuna hoy parece que hay buenas notificas ya que ahora existe una ley que  busca atender ese problema que tiene décadas, sino es que siglos sin poder solucionarse, pero que debemos analizar con calma y cuidar para que se cumpla o de lo contrario quedará en letra muerta como tantas leyes que parecen beneficiar a la mujer, pero después resulta difícil aplicar.

Me refiero a la reforma a la ley para garantizar el acceso a la pensión alimentaria que incluye una serie de restricciones para los deudores, como la incorporación al Registro de Deudores que será de carácter público, pero que corre el riesgo de no funcionar como sucede en otros casos y simplemente quede en buenas intenciones.

La reforma, aprobada en el Senado de la República busca beneficiar fundamentalmente a las madres, pues son ellas, las que con frecuencia deben pelear para que sus hijos tengan acceso a lo que la ley les da derecho, una pensión alimentaria que cubra sus necesidades básicas hasta la mayoría de edad o mientras estudie.

Licencias y permisos para conducir, pasaporte, no salir del país, impedimento para ser candidatos a cargos de elección popular como diputados, senadores, presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, presidente de la República; no poder participar en procesos de selección para asumir el cargo de juez en el ámbito local y federal, incluso no poder realizar la compra-venta de inmuebles son algunas de las restricciones que tendrán los deudores de pensión que no cumplan.

Pero la cosa no queda ahí, también se requerirá certificado de no deudor en las solicitudes de matrimonio, a fin de que el oficial del Registro Civil haga del conocimiento de los contrayentes, si alguno de ellos se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

De esta manera se busca resolver uno de los problemas más añejos que hay con los hombres y una de las principales quejas de las mujeres, la falta de cumplimiento de las responsabilidades de los varones en cuanto a la crianza responsable de un menor.

En Iztapalapa, como en muchas colonias de la ciudad, donde el embarazo temprano es la constante, la pregunta frecuente es ¿a ti te ayuda el papá de tu hijo o hija?, y la respuesta es, me apoya con los pañales o la leche, pero un dinero fijo que aporté, la verdad no, lo que da es poco y lo debo estar presionando.

Por eso creo que la reforma anunciada es buena, ya que se puede convertir en un mecanismo para que los menores tengan plenamente garantizados sus derechos, y atiende una añeja demanda de las madres de familia. Y sobre todo para que, ante el temor, los deudores cumplan.

El tema no se limita a cierto sector, incluso, sabemos de funcionarios de gobierno, diputados y ex diputados que han sido severamente criticados públicamente por ser deudores alimentarios, sin que haya consecuencia legal o social a sus conductas misóginas, machistas e irresponsables.

Por qué tengo dudas de que el Padrón de Deudores funcione. La respuesta es muy sencilla, y tiene muchas aristas, pero básicamente tienen que ver con temas políticos. ¿Qué pasará si un ilustre personaje del gobierno federal, local o un gobernador es deudor, se le incluirá en dicho padrón o, si el involucrado es hijo de un político de la cúpula oficial, se le aplicará la ley?.

Y sobre todo cuánto tiempo se mantendrá la información de dicho padrón como pública, o en unos meses, veremos que se determina reservar la información como sucede con los agresores de mujeres en la ciudad de México.

Cómo sea, la noticia parece buena y hago votos porque así suceda.