El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, dio a conocer un proyecto de sentencia que propone invalidar la primera parte del “Plan B” en materia electoral, emitido por el Gobierno Federal.
El sustento de Pérez Dayán se basa en que hubo violaciones graves al proceso constituyente, es decir, la iniciativa presentada ante el Congreso no pasó por un procedimiento legislativo ordinario.
“El Decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados, y las irregularidades cometidas en Comisiones de la Cámara de Senadores, impidió su conocimiento, la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo”, se lee en el proyecto de Pérez Dayán.
Si bien el ministro ya hizo la propuesta de invalidación, aún debe ser votada, por al menos ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte, para su procedencia.
Las reformas del “Plan B” proponen modificar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El “Plan B” de Andrés Manuel López Obrador
El Plan B de la reforma electoral propone una reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), entre sus puntos más destacados se encuentran:
- Remover a todos los miembros del INE y del Tribunal Electoral y que los legisladores sean elegidos mediante listas estatales.
- Cambios en los procesos de organización electoral.
- Cambia las fechas de inicio del proceso electoral federal.
- Modifica el proceso de cómputo de votos: iniciaría a las 18:00 horas el día de la elección, lo que haría innecesario el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
- Elimina la Junta General Ejecutiva (JGE).
- Crea una Comisión de Administración con cinco consejeros.
- Establece que todos los funcionarios del INE deberán sujetar su salario a la percepción del presidente; por lo que se deberán ajustar sus tabuladores.
- La remoción del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
- Reducción de consejos distritales, de 300 a 260 de forma permanente y 40 se agregarán en elecciones.
- Extingue el fideicomiso de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del instituto.
- Garantizar el voto a poblaciones vulnerables, a personas en prisión preventiva y a personas con discapacidad y estado de postración.
- Remoción adelantada de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE.
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