La iniciativa del ministro ya fue turnada al pleno de la Corte
Para que la reforma del ministro sea avalada deberá ser votada por ocho ministros que forman parte del máximo tribunal nacional.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, presentó una iniciativa para echar abajo la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, en vigor desde diciembre de 2018.
En términos generales la ley a la que pretende dar marcha atrás el ministro, refiere que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, esto luego de la gran cantidad de amparos promovidos (por servidores públicos) para no estar sujetos a sus efectos.
De acuerdo con información extraoficial, la iniciativa del ministro Pérez Dayán está sustentada en las acciones de inconstitucionalidad 105 y 108/2019 promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunos senadores, y se trata de una reforma total y una parcial a la Ley de Remuneraciones, misma que ya fue turnada para discutirse en el pleno de la corte, el próximo martes.
En adelante, la iniciativa de Pérez Dayán deberá ser votada a favor por ocho de sus compañeros en la SCJN, será entonces cuando pueda declararse «la invalidez del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentada en los artículos 75 y 127 de la Constitución y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de noviembre de 2018», refiere el texto, según información del diario El Universal.
En respuesta a la iniciativa del ministro, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a recordar que «todos lo sabemos, no solo los abogados, que la constitución es la ley suprema, es la ley de leyes. No a los sueldos extravagantes».
Cabe recordar que la iniciativa fue promovida por el mandatario nacional y defendida (principalmente) por la SCJN, causando uno de los primeros enfrentamientos de Obrador con sus adversarios; al mismo tiempo la Ley de Remuneraciones provocó una avanzada de amparos y quejas de quienes ostentan sueldos superiores al que recibe el jefe del Ejecutivo.
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