Cuatro mujeres que fueron vejadas por las fuerzas del orden durante el operativo, acudieron a declarar ante la CIDH.
La CIDH indicó que el Estado mexicano enfrenta cargos por violación a los derechos humanos ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de la Corte Interamericana de los derechos Humanos (CIDH) en la que cuatro mujeres acudirían a declarar, respecto a los abusos de los que fueron víctimas, junto con otras siete mujeres, por acción de las fuerzas públicas desplegadas en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México en el año 2006.
En la sesión en San José, Costa Rica, las denunciantes señalaron que sufrieron torturas sexuales y psicológicas durante dicho operativo. Y, además, señalaron que las investigaciones realizadas por parte del Estado mexicano han sido ineficaces, ya que, aunque se ha aceptado la responsabilidad en cuanto al abuso de autoridad, no se han deslindado responsabilidades.
Por ello, destacaron la importancia de la perspectiva de género durante las investigaciones que se lleven a cabo, pues es común que la violencia o tortura sexual sean aplicadas como una forma de control social hacia las mujeres.
Dada la ineficacia de las investigaciones realizadas, la CIDH atrajo la investigación desde el año 2011, teniendo grandes resultados, puesto que en 2015 se resolvió a favor de las 11 denunciantes, señalando que habían sido detenidas de manera arbitraria e ilegal y, además, sufrieron tortura física, psicológica y sexual. A ello, se suma la poca disposición por parte de las autoridades mexicanas por brindarles una atención pertinente, truncando el acceso a la justicia.
Esto último derivó en que las 11 mujeres fueron acusadas por el delito de ataques a las vías de comunicación, situación que las llevó a la cárcel.
Durante la sesión de la CIDH, se hizo un llamado a las autoridades mexicanas a no repetir estos hechos y se señaló que el Estado enfrenta acusaciones por «alegadas violaciones» en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, se espera que luego de estas declaraciones, se emita una sentencia que se aplique en 2018, la cual, se ha dicho, es de obligatorio carácter vinculante para México.
Se espera que el día de mañana, este grupo de mujeres, así como sus representantes legales, las abogadas Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Stephanie Brewer y Araceli Quirós, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México, regresen a sesión en donde se espera una resolución favorable.
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