La propuesta de no contratar a deudores alimentarios y agresores sexuales como servidores públicos es inviable debido a que no son requisitos establecidos en las leyes laborales, según informó la administración pública local.
En 2021, Morena y la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas presentaron un punto de acuerdo para que las dependencias del gobierno central y las 16 alcaldías se abstuvieran de contratar a personas que hayan incurrido en dichos delitos.
Respecto a esto, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales respondió que esta solicitud podría incurrir en actos de discriminación y de acceso al derecho al trabajo.
“Dicho criterio podría constituir violaciones a los derechos humanos al solicitar requisitos extralegales y que en algunos casos pudiera constituir la interpretación de una ampliación de la pena impuesta como parte de una sentencia por la autoridad jurisdiccional.
“Ni beneficia a los fines de las sanciones penales ni a las sentencias de carácter familiar; por el contrario, se constituirían en actos discriminatorios (considerando que la persona postulante cubra con el perfil que el puesto requiere)”, indicó la dependencia, quien destacó que se debe actuar conforme a la ley en los procesos de selección y contratación de personal.
Actualmente, la Consejería Jurídica opera un sistema para tramitar constancias de no deudor alimentario, cuya base de datos se compone de los nombres de los padres o madres de familia que han dejado de pagar pensiones alimenticias.
En tanto, la Secretaría de Gobierno difunde el registro público de personas agresoras sexuales de la ciudad, donde se encuentran 153 nombres. Esta base de datos se integra con individuos que cometieron feminicidio, violación, abuso sexual contra menores de 12 años de edad, turismo sexual o trata de personas.
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