Con mayoría en ambas cámaras, Morena encarará su primer gran reto en esta Legislatura.
En diciembre pasado, el Senado votó a favor de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, misma que pasó a la Corte puesto que fue declarada inconstitucional.
La organización #SeguridadSinGuerra se congratuló de que un grupo de legisladora y legisladores plantearan la iniciativa que pretende traer a la agenda pública la criticada Ley de Seguridad Interior y lograr que se abrogue. Esta ley, busca justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en un sitio determinado, en donde un alcalde o gobernador, lo requiera sin la necesidad de rendir cuentas.
Ante esto, dicha organización emitió un pronunciamiento en el cual asevera que sí es posible echar atrás dicha ley antes de que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome una decisión en torno a ella, ya sea la derogación o la aprobación.
La iniciativa es impulsada ni más ni menos que por el senador Emilio Álvarez Icaza, quien llegó a esta instancia, integrado a la plataforma de Movimiento Ciudadano, partido del cual se deslindó al asumir el cargo para autoproclamarse independiente, o como él lo diría senador «ciudadano».
Así, el dirigente del movimiento Ahora, junto con la ex aspirante independiente por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lucia Riojas, impulsarán una iniciativa para atraer dicha ley y someterla a discusión. A esto, ya se han sumado varios hombres y mujeres con la intensión de hacer valer las voces que se manifestaron en contra de su aprobación en el Senado en diciembre pasado.
En esta ocasión, con una nueva fórmula tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se espera una actuación congruente por parte de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social (además de los agregados del Verde Ecologista), para que esta sea abrogada.
No obstante, el temor se centra en el hecho de que el presidente electo no se ha manifestado en contra de esta ley, y al parecer, busca mantenerla como parte de un plan estratégico en el cual se abre la posibilidad de crear una Guardia Nacional, la cual estará integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Federal.
A esto, se suma el hecho de que se pretende la creación de una «Súper Secretaría», con la cual algunas atribuciones que ostenta la Secretaría de Gobernación en términos de seguridad nacional, se trasladen a la nueva Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Aunado a ello, se dice que Obrador ve en la Ley de Seguridad Interior una posibilidad de ser el comandante de las Fuerzas Armadas, tal y como lo dice la Constitución, y con ello, tener la capacidad de agruparlas en dicha Guardia Nacional y así, concentrar el mando en la materia cerrando de esta forma, su estrategia en materia de seguridad, misma que ha dicho, presentará en octubre, al igual que a sus titulares de la Sedena y Marina.
El colectivo de más de 300 organizaciones civiles, #SeguridadSinGuerra, plantea entonces que esta es una ley que «perpetúa fallidas políticas públicas en materia de seguridad». Y además, consideran que el hecho de que López Obrador no se pronuncie ni a favor ni en contra, «no garantiza su aplicación, pues la ley creó un régimen para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública permanente (…) este uso discrecional y opaco de la Ley puede ser una amenaza incluso para el próximo gobierno».
Y es que la regla en cuestión, era solicitada por los titulares de las Fuerzas Armadas con la finalidad de tener un supuesto margen de actuación, esto ante las demandas y recomendaciones en materia de Derechos Humanos que «llovían a cántaros» en contra del Ejército y la Marina. Sin embargo, la ley aprobada es ambigua y permite que el ejecutivo, ―al cual se le adjudican nuevas facultades― tenga la posibilidad de mandar a las fuerzas del orden a algún sitio en específico sin que se rindan cuentas, es decir, de regulatoria, no tiene nada.
Los políticos que se pronunciaron a favor de turnarla son: Emilio Álvarez Icaza Longoria (Sin Partido), Alejandro González Yáñez (PT), Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Dante Delgado Rannauro (MC), José Ramón Enríquez Herrera (MC), José Narro Céspedes (MORENA), Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), Gustavo Madero Muñoz (PAN), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PAN), Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC); y, las senadoras Patricia Mercado Castro (MC), Indira Kempis Martínez (MC), Verónica Delgadillo García (MC) y Minerva Hernández Ramos (PRD).
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