La ONU-DH, señaló que tras exámenes médicos a 34 detenidos, las pruebas dieron positivo a diversas formas de tortura.
El gobierno mexicano y la PGR negaron esta situación, argumentando que han llevado a cabo protocolos para desestimar estos hechos.
De acuerdo con un informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la primera etapa de la investigación realizada para el caso Ayotzinapa concluyó que elementos federales recurrieron a la tortura para que 34 de las 129 personas que fueron detenidas, se autoinculparan.
Para esta esta determinación, la organización internacional entrevistó a 33 hombres y una mujer, quienes supuestamente tuvieron relación con los hechos ocurridos en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre del 2014, «el expediente judicial provee una amplia evidencia de estas presuntas violaciones a los derechos humanos. En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones de resultado de tortura».
El informe, «Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa», indica que entre otras vejaciones, los detenidos fueron sometidos a «golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica». Además, detalla que las instituciones que fueron partícipes de estaos hechos fue personal de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Además, se detalla que las amenazas no solo fueron sentenciadas hacia los detenidos, sino también hacia sus familiares, a quienes se les advirtió, podrían ser objeto de violación sexual.
Por ello, la ONU-DH, solicitó a la PGR realizar investigaciones para identificar a los responsables de la comisión de las torturas, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
De esta forma, este nuevo informe pone en un serio predicamento la llamada «Versión histórica», la cual se había formulado con las declaraciones de todos y cada uno de los inculpados.
A ello, el gobierno federal aseguró que este informe cuenta con varios «vacíos» en la información que se presenta, y aseguró que «las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes».
Por otro lado la PGR señaló que tras aplicar el protocolo de Estambul, «no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente».
Por último, tanto la PGR como la Secretaría de Gobernación señalaron que las investigaciones continúan en marcha, por lo que no hay hechos que puedan establecer conclusiones de ese tipo. «Se reitera una vez más el compromiso del Gobierno de México de acordar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes de las víctimas», señalaron a través de un comunicado.
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