El exgobernador podría enfrentar su juicio en arresto domiciliario
El abogado del exgobernador de Sonora indicó que su cliente podría estar fuera del Reclusiorio Sur tras resoluciones de juzgados en CDMX y Toluca
Luego de que algunos exgobernadores le pidieron una manita de gato al presidente Andrés Manuel López Obrador para que los dejen salir del tambo, uno de los que sonó durante esta semana que podría chisparse no solo de estar tras las rejas, sino que también podrían reducirle la garantía exigida para enfrentar su juicio desde la sala de su casa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público impugnó (o sea, que se puso al brinco) la reducción de los 100 millones de pesos que le fueron exigidos, luego de ingresar a uno de los hoteles más caros de la Ciudad de México, el Reclusorio sur.
En el pasado mes de diciembre se «ventiló» – ya saben que cuando existen rencillas políticas esto casi nunca pasa, por parte de los opositores del gobierno al poder – un audio en el que Padrés le dijo al viejito de Macuspana en el que se dice ser «un preso político del sistema represor» y que ha estado encerrado durante dos años y dos meses y ocho días (pero, ¿quién cuenta el tiempo?), esperando poder salir del bote; su conversación con AMLO – VE(?) – culminó con un «no permita que me sigan matando en esta prisión».
Luego de este acto de dramatismo digno de un Ariel (pero del detergente, no de lo mejor al cine mexicano), su abogado, Antonio Lozano, confirmó que el exgober de Sonora ya está con un pie fuera de la suite presidiaria ya que no existen pruebas sólidas.
Las impugnaciones llegaron a dos tribunales, uno en la CDMX (el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México) y otro en Toluca (el juez séptimo en el Estado de México), el toluqueño dio su brazo a torcer, sin embargo le pidió la modesta suma de 40 millones de pesos – comparada con la de 100 – como garantía para llevar su proceso desde casa con un brazalete electrónico, aunado a este hecho, el tribunal de la capital dijo me too y le concedió el mismo beneficio.
Ante este hecho, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público metió su cuchara e impugnó la reducción de la garantía de los 100 melones mediante un recurso de revisión contra la resolución del Tribunal Federal, quien ordenó que se fijara una garantía (varo) que no exceda los 30 mdp, pues de acuerdo con el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, los 70.4 mdp del fraude que se le imputaba a Padrés no son un concepto que pueda ser incluido en una medida cautelar, de acuerdo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Hasta el Jefe Diego anda armando la vaquera para sacar a su cuate del bote: el líder moral panista anda ofreciendo un terrenito, con valor de 400 mdp, sin embargo, debido a que sólo le tomaron en cuenta el valor catastral de su predio, le dijeron que su inmueble, vale 500 mil varos.
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