El exgobernador Guillermo Padrés obtuvo un amparo por el caso de enriquecimiento ilícito.
Esto no quiere decir que de manera inmediata va a dejar la cárcel, pues la PGR, aún puede impugnar el dictamen.
Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana… gobernaba en uno de los terrenos del norte, un hombre que se encontraba del lado de los blanquiazules.
Durante su mandato, de 2009 a 2015 se jactó de decir en sus eventos públicos que ha dado frente a problemas que se presentaban en el estado desde hace muchos años y que nadie atendía.
Según él, mejoró los problemas de transporte, educación, agua potable, entre otros aspectos que – remarco, según él – no tenían atención y solución.
Asimismo indicó que durante su administración mejoraron los asuntos de educación, así como en industrias como la aeroespacial, logrando un crecimiento económico en la entidad.
Esto, sin embargo, fue opacado por un «pequeño» problema: el 31 de octubre, de 2014, fue señalado por una asociación civil ante la Procuraduría general de la República por el delito de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero.
La asociación presentó una denuncia formal en la que se pedía que se investigara a Padrés, por lograr enriquecerse por más de 100 millones de pesos y dos propiedades: una denominada como «El Derrumbadero» y otra conocida como «Rancho Pozo Nuevo de Padrés».
Más tarde, ante las acusaciones hechas por la asociación civil – y casualmente la persona responsable, tiempo después obtuvo un cargo público en la administración estatal – la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, realizó un cateo en una propiedad de Padrés.
Meses más tarde, el 16 de noviembre del año pasado, Padrés le fue dictado el auto de formal prisión al exgobernador blanquiazul por el monto de ocho millones de dólares.
Durante ese momento, Antonio Lozano Gracia, quien fue exprocurador General de la República, no recibió beneficios ni por los jueces, ni se enriqueció ilícitamente.
Este pasado 1 de noviembre, sorprendió la noticia de que Guillermo Padrés Obtuvo un amparo judicial en contra de su caso por enriquecimiento ilícito.
En el documento que obtuvieron, se dictaminó que «no existe el delito de delincuencia organizada en la causa penal», aunque esto tampoco quiere decir que de manera inmediata va a dejar la cárcel, pues la PGR, aún puede impugnar el dictamen.
Esto, luego de que un juez en Toluca desechara y demeritara la investigación porque «no existen pruebas suficientes» para acreditar el delito de lavado de dinero, por lo que con ello, quedó insubsistente el auto de formal prisión que se le dictó en noviembre de 2016.
Con ello, podemos ver otro caso de un gobernador que ha sido putativo –pero no impune – del señalamiento por lavado de dinero, como ocurrió con cierto exgobernador de Coahuila y el escándalo de su posible enriquecimiento ilícito.
Por Christian Arrieta
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