Hace unos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto más alto de la historia para las campañas electorales de 2018, pues dicha cifra oscila en 6 mil 788 millones de pesos dirigidos a partidos políticos y candidatos independientes.
Pese al descontento de la sociedad, este presupuesto será el más alto de la historia destinado para las campañas electorales en nueve estados: Guanajuato, Jalisco, Morelos, Veracruz, Tabasco, Puebla, Chiapas, Yucatán y la Ciudad de México, sin dejar a un lado la elección mayor, el cambio de la silla presidencial.
El PRI recibirá mil 689 millones de pesos, el PAN mil 281, el PRD 773, Morena 649, Verde 578, Movimiento Ciudadano 536, Encuentro Social 398, Nueva Alianza 421, PT 376 y 42 millones para candidaturas independientes.
Para justificar la cifra, el consejero presidente de dicha dependencia, Lorenzo Córdova, aclaró que tal monto es producto de la aplicación de una fórmula que establece la norma constitucional y no responde a una determinación arbitraria del instituto.
¿Quién les cree? Si bien sabemos que más allá de un acto de democracia, las elecciones siempre dan pie a los «negocios» entre políticos e instituciones.
Como era de esperarse, los partidos políticos «aplaudieron» dicha resolución, pues fracciones del PRD y PAN en la Cámara de Diputados justificaron el presupuesto.
Una bonita manera de hacerlo proviene del PRD, pues mencionaron que «la democracia mexicana sale muy cara, por ello se debe valorar el hecho de tenerlo y por eso es correcta la cantidad que recibirán los partidos»… (Sin comentarios).
Por otro lado, los «blanquiazules» argumentaron la decisión del INE y su idea de mantener dicho financiamiento público para evitar sobornos del crimen organizado.
«Es una verdad a medias, pues hay casos, incluso en el PAN, en los que se infiltró gente como Lucero Sánchez, la llamada Chapodiputada, sin que se pudiera evitar o el caso del PRD con el alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca».
¿En realidad piensan que con esta iniciativa, en la que se aumentó el financiamiento a los partidos políticos, se acabará el lavado de dinero dentro de estas organizaciones? No sé qué dedo quieren que nos chupemos.
Con todo lo anterior, se comprueba el doble discurso de la clase de política en la que estamos inmiscuidos, pues, en público, los representantes de todos los institutos políticos y diputados aseguran estar de acuerdo con disminuir este gran financiamiento público, pues termina por ofender al país, ya que en México, la mitad de la población vive en la pobreza; no obstante, a la hora de discutir el tema del dinero destinado para el Congreso, siempre encuentran cualquier pretexto para mantener los presupuestos millonarios, que terminan por representar la voracidad y corrupción que ya está institucionalizada por parte de nuestros gobernantes.
Querer justificar el financiamiento con la idea de acabar con la corrupción y el narcotráfico es inadmisible. Lo que realmente debe hacer el Congreso es presionar a los partidos políticos para obligarlos a tomar acuerdos y no recibir las cantidades, mientras que la población debería de tomarlo como otra ofensa más para los mexicanos y así motivarnos a retomar el debate que se dio a principios de año, luego del gasolinazo.
Por Blanca Cortés
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