Con la publicación del diario estadunidense The New York Times, quedó en evidencia, ¡nuevamente!, un mecanismo de espionaje hacia periodistas y activistas por parte del gobierno mexicano, esta vez ejecutado mediante un sofisticado programa llamado «Pegasus» que, en teoría, solo debería usarse para investigar a criminales y terroristas.
De acuerdo con el periódico, dicho software es capaz de rastrear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, un gusano virtual que, incluso, puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; de tal forma que el smartphone de la persona fichada se convierte en una suerte de cámara escondida.
Bajo este contexto, al menos dos periodistas mexicanos fueron blanco de ataques de infiltración, una de ellas fue Carmen Aristegui, cuya labor informativa, ha cuestionado diversas acciones del presidente de México, como el reportaje de la Casa Blanca, propiedad de «Los Gaviotos»; la casa de Malinalco, del «aprendiz de canciller» Luis Videgaray, o la investigación periodística mundial «Panama Papers», que evidenció un paraíso fiscal con nombres de empresarios y políticos de todo el mundo, incluidos mexicanos.
Incluso, el controvertible Carlos Loret de Mola, cobijado por Televisa y señalado por gran parte de la audiencia mexicana como un periodista pro-gobierno, también recibió mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con «Pegasus», el mismo Loret que en escasas ocasiones hace señalamientos hacia la presente administración expresó «Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‹estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos›».
Sin embargo, las denuncias de espionaje e intromisión por parte del Estado sobre los medios de comunicación no son un tema nuevo, pues en el registro está «FinFisher», un software espía de Gamma Group detectado en el 2013; los malware «DaVinci» y «Galileo» de la empresa Hacking Team, descubiertos en el 2014; pero con «Pegasus» la onda de choque ha impactado no solo a periodistas, sino a grupos activistas e investigadores de temas sumamente sensibles como el caso Ayotzinapa o Tlatlaya.
Mediante investigaciones realizadas por organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, se ha documentado que el gobierno mexicano abusa de la vigilancia, ya sea al solicitar datos y metadatos de las comunicaciones de los ciudadanos sin control, o al utilizar herramientas tecnológicas de hackeo e intervención de dispositivos con fines distintos al combate al crimen o protección de la seguridad nacional.
Pese a esta guasona versión de «Big Brother», hace unos días, el presidente Peña Nieto pronunció ante los micrófonos su «convicción» por proporcionar esa tan anhelada seguridad para la prensa mexicana, y en un acto de legitimidad pidió a sus guardias que no irrumpieran la labor de algunos periodistas que, justo en ese instante, le tomaban fotografías.
Ahora, tales palabras deben estar dando vuelta en las tuberías del drenaje, pues nuevamente quedó en evidencia que la adquisición y uso de software es un alfil de las autoridades mexicanas para evadir, tanto controles judiciales como la colaboración de empresas de telecomunicaciones, para realizar ataques de espionaje, prácticas que se aferran a mantener en la oscuridad, sin considerar el riesgo al que exponen a la sociedad.
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