Una constructora brasileña une a su país con Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Anodrra con un hilo llamado corrupción. Sobornos y concesiones por millones de dólares forman parte de esta trama internacional que involucra a políticos y funcionarios de estos países, quienes ayudaron a forjar lo que el mundo conoce como el caso Odebrecht.
Es preciso acotar que la investigación del caso Odebrecht se inició en Estados Unidos, en donde funcionarios de la empresa brasileña aceptaron haber pagado sobornos en los países latinoamericanos referidos para poder tener acceso a contratos públicos; en el caso de México indicaron que pagaron 10.5 millones de dólares.
En nuestro país la historia inició el 15 de febrero de 2014, día en el que Pemex Refinación y Norberto Odebrecht S.A. firmaron un contrato por alrededor de 1 436 millones de pesos, el cual le permitía a la empresa de Brasil realizar el proyecto de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Dos años más tarde se detectaron las primeras irregularidades: Pemex había pagado, de forma irregular, 950 millones de pesos. Cantidad que correspondía por sobrecostos de 300 por ciento en materiales y mano de obra.
Ahora, a 4 años de signado el convenio, Pemex ha presentado una demanda civil en contra de Odebrecht. La empresa mexicana le exige a la brasileña el pago de 119 millones 718 mil 663 pesos, más intereses, por cobros injustificados. Esta demanda es consecuencia de la que se interpuso el pasado 11 de diciembre, en la cual Pemex inhabilitó cuatro años a Odebrecht por un cobro indebido.
Es decir, por un lado la investigación del caso Odebrecht está en pausa en nuestro país, en donde si bien ya hay pruebas suficientes para procesar a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y compañía, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió cerrar la averiguación previa y no dar a conocer la información que tiene al respecto.
El diario The New York Times publicó un artículo en el que atribuye esto a que el PRI se podía haber visto perjudicado en las pasadas elecciones del primero de julio; el texto publicado refiere que «los casos criminales (las dos investigaciones federales que existen) están atrapados en un limbo legal común a las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho».
En los demás países involucrados las indagatorias están abiertas y ya han caído varios funcionarios, incluidos presidentes; solo México y Venezuela, quien es catalogado por The New York Times como «un paria internacional con un gobierno autoritario», las consecuencias por la corrupción siguen sin presentarse. El doble discurso mexicano se vuelve a hacer presente y demuestra que la justicia se aplica, o busca aplicarse, según convenga. Veremos cuál es la respuesta de lo que queda de Odebrecht. Mientras tanto el tiempo pasará y la cuarta transformación llegará, al paso que lleva no sabemos ni que esperar. Sorpréndenos (una vez más) México.
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