La llamada Estafa Maestra, esa investigación que destapó la corrupción y opacidad entre la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y algunas universidades, registró un episodio más dentro de su historial: el juez de control Fernando Payá Ayala dejó libre de toda culpa a un ex funcionario de la dependencia federal por este caso.
Se trata de Simón Pedro de León Mojarro, quien se desempeñaba como coordinador de delegaciones de Sedesol durante la gestión de Rosario Robles. El juez argumentó su absolución en el hecho de que el entonces funcionario cumplió a cabalidad con la Ley de Adquisiciones y se limitó a entregar los 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México para ser usados en la cruzada Nacional contra el Hambre, programa que beneficiaría a un millón de hogares. En pocas palabras, Payá Ayala le tiró la papa caliente a la institución de educación superior para librar de culpa al ex funcionario.
Este caso data de 2015 y, al ser revisado por la Auditoría de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR), se determinó que existía un sobrecosto en los servicios, por lo que De León Mojarro fue señalado y se le imputó el delito de uso indebido de la función pública.
No obstante, los abogados defensores del señalado jugaron bien sus cartas valiéndose de la laxidad legislativa que permite actos como este, en los que los funcionarios públicos cometan ilícitos que pueden pasar desapercibidos ante la justicia mexicana. Porque, de esta manera, el juez pudo concluir que si la Universidad Intercultural recayó en contratación indebida con el 90 por ciento al sobrepasar el porcentaje acordado (49) es responsabilidad suya. Como si no hubiera habido complicidad y reparto de dinero con el que ambas instituciones se vieron beneficiadas.
No es iluso pensar que este fallo del juez es una muestra más de impunidad. Esperemos no se trate de una parte del llamado «borrón y cuentas nueva» que tanto pregonó el presidente López Obrador al asumir el poder. Es grotesco e inquietante que se nos quiera hacer olvidar los atropellos al erario. No podemos ni debemos conceder perdón y olvido, sobre todo si son pedidos por quienes en un futuro podrían recurrir a ambas condiciones para que no se les pase factura por sus abusos cometidos y por cometer.
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