El presidente llamó a consulta popular el próximo 24 y 25 de febrero.
Pobladores de Puebla, Tlaxcala y Morelos señalaron que esta consulta es inequitativa y anticonstitucional.
La organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Aguda de Morelos, Puebla y Tlaxcala se dieron cita en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar la implementación de medidas cautelares que permitan que la construcción de la Termoeléctrica La Huexca, de Morelos, sea frenada.
En términos generales, la comitiva que acudió al organismo defensor de derechos humanos solicitó que la consulta a la cual llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene como fecha de ejecución los próximos 24 y 25 de febrero, no se realice por considerarla inequitativa y anticonstitucional, además de no contar con estándares internacionales.
Lo anterior con base en el orden jurídico internacional y la Recomendación General 27 de la CNDH en la que se establecen garantías para los pueblos originarios, entre ellos el derecho de las comunidades indígenas a una consulta libre, previa e informada.
Además, dijeron, en esta consulta pueden participar muchas personas que no necesariamente son habitantes de la región que podría verse afectada por la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) el cual además de una Termoeléctrica, con templa la realización de un gasoducto y un acueducto.
Uno de los denunciantes indicó que el presidente «Llama a consultar un proyecto que hasta ahora no nos han demostrado que sea seguro», y es que hasta ahora no se tiene un estudio en donde se precisen los peligros que se corren en la región con la construcción de este proyecto. Recordó que la Recomendación 3/2018 emitida por la CNDH solicita al gobierno federal, a que por la vía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ponga en marcha un análisis de los riesgos volcánicos y peligros que esto puede acarrear para las comunidades.
Hasta ahora, dijeron, se han promovido tres amparos en contra del PIM, uno por cada estado afectado. «Se tiene que respetar el derecho a la autorrealización de los pueblos, que ya habían decidido que este proyecto no se tenía que construir, entonces pedimos que eso se reconozca».
Cabe señalar que tras las primeras consultas realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo que se solicitaría el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) para que estas fueran legítimas, sin embargo recientemente el consejero presidente de esta institución, Lorenzo Córdova desestimó la participación puesto que solo se pueden organizar ejercicios de participación ciudadana basándose en los artículos 35 y 41 de la Constitución y en la Ley de Consulta Popular, que entre otras cosas establecen que «deben cumplir con ciertos estándares básicos: contar con reglas y procedimientos ciertos; establecer mecanismos que garanticen la libertad al sufragio, y ser realizados por órganos independientes (…) además, se garantice la secrecía del sufragio, se garantice la seguridad de las urnas y que los votos se escruten de manera clara y con presencia de los interesados y con la posibilidad de un recuento independiente.
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