Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante que controló el negocio mundial de la cocaína, logró llevar su producto de formas inverosímiles a Estados Unidos y otros países. Su poder era tal que corrompía hasta a elementos del ejército colombiano y altos funcionarios de la política para poder actuar impunemente.
Para poder lograr esto «patentó» la frase «plata o plomo». Es decir, o los funcionarios y autoridades aceptaban el dinero que les ofrecía o recibían balas al por mayor. Esto viene a enlazarse con los recientes incidentes que han sufrido en nuestro país algunos de los defensores de los derechos humanos.
El reciente ataque que sufrió Silvestre de la Toba Camacho, ombudsman de Baja California, y su familia es un botón de muestra; este hecho le costó la vida a él y a su hijo, mientras que su esposa e hija quedaron heridas. Esto aconteció el pasado 20 de noviembre y ayer, cuatro días después, un miembro de la comisión estatal de Derechos Humanos de Jalisco fue privado de su libertad.
Sucesos como estos no son extraños en la vida diaria de México, uno de los países con mayor número de denuncias de violaciones de los derechos humanos según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta institución recibió 500 denuncias de esta índole procedentes de nuestro país en el 2014, el número más alto en el continente.
Tlatlaya, Ayotzinapa y Atenco son tres nombres que reflejan la cruel realidad que azota el territorio nacional; ni qué decir de los periodistas que han sido silenciados para siempre: Cándido Ríos, Salvador Adame, Cecilio Pineda, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez y muchos más.
Los reclamos y cuestionamientos a las autoridades por este tipo de casos son una constante, ha habido movilizaciones y marchas en las principales ciudades del país para exigir una solución. Pero es algo complejo, porque los gobernantes o se hacen de la vista gorda porque son cómplices de estos actos o, en su defecto, son amedrentados para dejar el río correr.
Para nadie es un secreto que la mafia opera con vía libre en México. Por algo han surgido grupos de autodefensa en varios estados, ciudadanos hartos de los abusos e incapacidad de las autoridades se levantan en armas para defender el lugar donde viven; luchan por lo que debería ser una garantía y constante diaria: la tranquilidad. Se llaman derechos humanos y, se supone, los adquirimos al nacer.
Si es difícil hacer valer los propios, aventurarse a defender y hacer respetar los de los demás debe de ser algo colosalmente complejo. Y todo lo que ello trae consigo: no solo es exponer la seguridad, tranquilidad y vida propias, sino también la de los familiares y amigos. Esto solo engrandece la labor de las personas y organizaciones que se dedican a esto. Con todo en contra y con el apoyo a cuentagotas de las instituciones del estado.
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