Se están revisando 538 casos de presos políticos
Luego de haber sido acusados por un crimen que no se les comprobó, seis personas fueron liberadas tras 16 años en prisión
Hace 16 años los indígenas Teófilo Pérez González, Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozabal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozabal, fueron encarcelados por un crimen que nunca se les comprobó, y por el cual habían sido condenados a 50 años de cárcel. Por fortuna se ha aclarado su situación y fueron liberados el pasado 11 de abril, aunque el de ellos es tan sólo uno de los casos de tantos presos políticos que injustamente han sido encerrados.
A ellos seis se les acusó de haber asesinado a un empresario español luego de las protestas que se llevaron a cabo por defender el agua de su comunidad, y aunque no había elementos en su contra que los señalaran como los verdaderos culpables, a las autoridades esto les valió poco y decidieron apresarlos; todo esto a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervino en el caso al considerar que a ninguno de ellos se les realizó el debido proceso, sino que sólo se les incriminó por defender lo que por derecho les pertenecía.
Y aunque por fortuna fueron liberados, ni una ni mil disculpas del gobierno o de cualquier otra autoridad bastan para remediar el daño ético y moral que recibieron, ni mucho menos el tiempo perdido, pues no sólo se vulneraron sus garantías, sino que prácticamente se les destrozó su vida familiar y comunitaria por el simple y sencillo «delito» de defender su derecho al agua.
A pesar de esto, ellos se suman a los 25 activistas que han sido liberados en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque ya también se están revisando otros 538 casos ―59 mujeres y 479 hombres― en los que se han violado los derechos humanos de los acusados y, por lo cual, se les considera como presos políticos.
Respecto a esto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, indicó que el Gobierno mexicano hará lo posible para proteger a todos aquellos que han sido objeto del abuso de la autoridad y que puedan obtener su libertad.
Sin embargo, tomando en cuenta que la mayoría de presos políticos provienen de estados con problemas de marginación, comunidades indígenas y zonas donde constantemente se presentan conflictos por la tierra, agua y recursos naturales como lo son Guerrero, Puebla y Oaxaca, entonces la solución no sólo está en liberar a quienes han sido encarcelados injustamente, sino en erradicar desde abajo y de raíz la corrupción de las autoridades que, con tal de cerrar los casos y encontrar culpables, prefieren tomar como «chivos expiatorios» a quienes menos pueden defenderse.
Después de todo, de nada serviría liberar a cientos de presos políticos si ya hay otros cien en la mira para ocupar su lugar.
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