El Comité para la Libertad de Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla ha señalado que, a 100 días de gobierno de Antonio Gali Fayad, continúa la política transexenal de autoritarismo y represión, heredada del gobierno de su predecesor Rafael Moreno Valle.
Carolina González Barranco, representante de la organización, aseguró que la actual administración, en materia de derechos humanos, es, en la práctica, la misma del gobierno predecesor. Agregó que Gali Fayad ha ignorado el llamado para que los expedientes de los 366 presos políticos sean revisados y se otorgue la libertad a quienes mostraron oposición a las políticas del anterior gobierno.
González Barranco aseguró que el arraigo domiciliario al líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre Rubén Sarabia «Simitrio» y al exfuncionario marinista Francisco Montemayor, ambos considerados presos políticos de la anterior administración, fue un acto obligado por la ley y no una concesión por parte del gobernador actual.
Al respecto externó: «No fue una muestra de nada, lo único que hizo el gobierno estatal fue dejar de obstaculizar los procesos que por ley se habían ganado y cuyo beneficio les era otorgado. Los procesos largos, penosos, la fabricación de expedientes con delitos falsos continúan en este gobierno».
Para este martes 23 de mayo, en las oficinas del Centro Integral de Servicios, abogados, familiares de presos políticos e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, entregarán, al mandatario Antonio Gali Fayad, en su despacho, más de 15 mil firmas de ciudadanos indignados que exigen la revisión de los casos de 366 presos políticos en Puebla, personas en situación de arraigo, procesados, con órdenes de aprehensión y perseguidos.
HOY NOVEDADES/PUEBLA
