Proteger los derechos humanos de las víctimas es una tarea fundamental de la actual administración estatal, ante lo cual por iniciativa de Omar Fayad Meneses, gobernador hidalguense, se realizó la presentación de la propuesta final de reforma al Sistema Penal Acusatorio ante el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con la aprobación unánime de los estados integrantes de la Comisión de Seguridad y de Justicia.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación, apoyó el planteamiento de reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los ámbitos constitucional y procedimental, que evitaría dejar en libertad a quienes sean detenidos en flagrancia por delitos como la extorsión, robo de vehículos, robo a casa habitación, actividades conexas a la portación ilegal de armas de fuego, robo de hidrocarburos y feminicidio.
La extinción de dominio en el caso de delitos como lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y robo de combustible, lo cual permitirá atacar sistemáticamente la estructura operativa y financiera de la delincuencia. Esto es algo de lo que se establece en la citada reforma.
La propuesta también aboga por los derechos de las víctimas en temas inherentes a la protección de la integridad personal, la garantía de reparación de daños, la solicitud de geolocalización, así como la de considerar como prueba anticipada la declaración de menores de edad que se vean afectados por la comisión de un delito.
La presentación final de la propuesta se efectuó el pasado viernes, en la Ciudad de México, con los miembros de la CONAGO, a efecto de firmar el convenio de cooperación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde Fayad Meneses también se pronunció a favor de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos específicos para el mecanismo de protección a estos dos sectores de la población.
Al respecto el mandatario hidalguense externó: «Los periodistas y defensores quieren que realmente les garanticemos sus derechos fundamentales; eso lo podemos hacer si desde el Congreso de la Unión se destina presupuesto suficiente para que los gobiernos y las fiscalías fortalezcan, a su vez, los protocolos que existen».
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