La iniciativa de reforma al sistema de pensiones afectaría a 17 millones de argentinos.
Los sindicatos y la oposición se mantienen en contra de esta modificación que plantea el gobierno de Mauricio Macri.
Ya son tres días los que miembros de la sociedad civil e integrantes de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie se manifiestan en las calles que rodean el Congreso argentino ubicado en Buenos Aires.
Esta es la segunda ocasión que el gobierno de Argentina envía la ley de reforma previsional a la Cámara de Diputados para tratar de establecer un bono mínimo por fin de año; así se pretende regular las jubilaciones y los subsidios sociales.
Cabe recordar que el jueves pasado se tuvo que suspender la sesión en el Congreso debido a los incidentes que se presentaron en las inmediaciones del recinto, en las cuales resultaron heridas varias personas y algunas detenidas.
Mauricio Macri, presidente de ese país, mandó la reforma que pretende calcular las jubilaciones con el propósito de disminuir el déficit fiscal de 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, la propuesta del mandatario es subir la edad jubilatoria de 65 a 70 años para los hombres, mientras que para las mujeres se pretende cambiar de los 60 a los 63; el argumento consiste en que el sistema previsional se encuentra en quiebra.
De esta forma, el próximo año el fisco argentino estaría ahorrando 100 mil millones de pesos –5 500 millones de dólares–, cantidad que representa una quinta parte del déficit.
Es preciso acotar que Macri es minoría en el Congreso, no obstante, es apoyado por el bloque peronista, que le brindaría su apoyo a cambio de un «bono adicional».
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