Por: César J.G.
Por si no es completamente indignante la poca o nula capacidad de respuesta por parte de los gobiernos locales ante las crecientes y cada vez más regadas olas de seguridad en el territorio en el que supuestamente rigen, es aún más irritante, a mi parecer, la suerte que tienen las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite a las partes locales y, a su vez, al mismo gobierno, ya que parecieran un jalón de orejas cualquiera.
Hasta el cierre de esta edición, La jornada de Oriente reportó que, hace no más de dos horas, los peritos de la Procuraduría General de Justicia arribaron al lugar en el que tuvieron lugar las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares en la comunidad de Palmarito Tochapán, Puebla, un día antes de que los pobladores de dicho lugar bloquearan la carretera Puebla–Orizaba.
Los gobernantes, locales y federales, se llenan la boca diciendo que los derechos humanos están garantizados a lo largo y ancho del país, en todas y cada una de las acciones en que las fuerzas de seguridad participan, no obstante, los hechos parecen demostrar lo contrario.
Miembros del gobierno señalaron, indignados, que el nivel de violencia en México no es equiparable al que se vive en Siria, a propósito del informe realizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), el cual revela que en Siria, en números reales, hay aproximadamente 50 mil muertos, mientras que en México son 23 mil; sin embargo, el crimen organizado se encarga siempre de cerrarles la boca y echar atrás todos sus intentos de auto adulación.
¿Quién garantiza que los Derechos Humanos en nuestro país sean ejercidos plenamente?
La respuesta no la conoce nadie. Muchos organismos dirán: «nosotros», aunque, desde hace mucho tiempo la CNDH solo se preocupa por emitir recomendaciones. Por otro lado, si cuando el gobierno mexicano recibió las recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para el caso iguala, no las ejecutó, hojeó y ojeó solamente para saber de qué se trataban, pero no llevó a cabo ni una; no hay que imaginar lo que sucede con las emitidas a nivel nacional o, peor aún, a nivel local.
Hace unos días, se acusó a la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla por no atender a tiempo una queja emitida meses atrás, por lo que la filial nacional tuvo que entrar al quite y emitir las dichosas «recomendaciones» y ver si les hacían caso. Afortunadamente así fue, la CDH Puebla se puso las pilas e intentó enmendar su error.
Ahora, los pobladores de Palmarito temen por su seguridad. Han señalado que no quieren ni al Ejército ni a los huachicoleros en su comunidad; sin embargo, temen por su integridad y solicitaron a la CNDH que no abandone el lugar y entre otras cosas, requiere que los visores del organismo se queden para verificar que garanticen sus derechos y evitar más ejecuciones extrajudiciales, mismas a las que el personal de las fuerzas armadas, el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) únicamente o desmiente o pide perdón.
Ojalá la Comisión Nacional se permita participar más en la vida nacional y trascienda de los comunicados, recomendaciones y visitas para que, de verdad, el gobierno comience a tomar en cuenta los de por sí ya graves problemas existentes en el país. No de a gratis, hay 23 mil muertos.
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