Claudia Sheinbaum firmó el decreto que exige nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, marcando la conclusión del proceso legislativo para su entrada en vigor. Con esta firma, el Gobierno de México oficializa una modificación que establece requisitos estrictos de identidad nacional para encabezar los principales órganos del Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, la dirigente nacional Luisa María Alcalde confirmó que el texto promulgado será publicado este mismo miércoles 7 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De este modo, la norma jurídica cobrará vigencia inmediata, transformando los criterios de elegibilidad para los procesos electorales venideros en todo el territorio nacional.
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Requisitos de nacionalidad única para la Presidencia de México y gubernaturas
La modificación legal determina de manera categórica que las personas que aspiren a la Presidencia de México, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización sin otro vínculo jurídico. Por consiguiente, los ciudadanos binacionales que pretendan competir por estos cargos deberán renunciar formalmente a su segunda nacionalidad de manera previa a la solicitud de su registro electoral.
Además del requisito de renuncia previa, el decreto constitucional establece regulaciones severas que aplican durante el ejercicio de la función pública. Las personas electas para estos cargos ejecutivos tendrán prohibido adquirir una nacionalidad extranjera mientras permanezcan en sus encomiendas institucionales.
De igual manera, el texto normativo prohíbe el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, así como el ejercicio de derechos políticos ante otros Estados. Adicionalmente, los mandatarios no podrán solicitar ni recibir protección diplomática de gobiernos extranjeros bajo ninguna circunstancia mientras ocupen la titularidad de los ejecutivos federales o locales.
Aprobación de la reforma constitucional en el Congreso de la Unión
El trayecto parlamentario de la iniciativa estuvo marcado por intensas discusiones en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados, la propuesta alcanzó la mayoría calificada necesaria al registrar 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, permitiendo su posterior traslado a la Cámara Alta.
Posteriormente, el Senado de la República ratificó el dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, completando el aval en las legislaturas locales requeridas para las reformas constitucionales. Sin embargo, la medida no obtuvo un respaldo unánime, ya que los bloques parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron de manera unificada en contra.
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Por este motivo, el debate legislativo reflejó dos visiones encontradas sobre la soberanía nacional y la ciudadanía. Mientras el grupo oficialista defendió la necesidad de garantizar una lealtad absoluta al Estado mexicano, la oposición centró sus cuestionamientos en la potencial vulneración de derechos políticos de millones de connacionales.
Debate sobre los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad
Durante los debates en San Lázaro, diversos legisladores de la oposición advirtieron que la reforma genera un trato discriminatorio hacia la comunidad migrante y sus descendientes. Por ejemplo, el diputado panista Federico Döring argumentó que juzgar la lealtad de un ciudadano a partir de su estatus binacional constituye un prejuicio infundado que afecta a los mexicanos en el exterior.
En la misma línea, la legisladora Liliana Ortiz sostuvo que poseer dos nacionalidades no resta mexicanidad ni compromiso patriótico a quienes buscan servir al país. Igualmente, el diputado José Alfonso Rubalcava planteó dudas jurídicas sobre la convencionalidad de la medida, señalando que los tratados internacionales protegen los derechos políticos de forma integral.
Por su parte, desde la bancada de Movimiento Ciudadano se insistió en que esta restricción afecta directamente los vínculos de la diáspora con la vida pública nacional. En el Senado, el panista Marko Cortés calificó la enmienda como una regresión en los derechos políticos fundamentales, asegurando que su partido mantendrá la defensa de la comunidad migrante radicada principalmente en Estados Unidos.
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Soberanía nacional y lealtad exclusiva al Estado mexicano
En contraparte, la postura respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la titularidad del Poder Ejecutivo requiere un compromiso cívico libre de cualquier conflicto de interés internacional. La mandataria mexicana ha argumentado que quienes toman decisiones en materia de seguridad, economía y soberanía deben responder únicamente al pueblo de México.
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Bajo esta lógica institucional, la exigencia de renunciar a otros lazos jurídicos garantiza la imparcialidad del gobernante frente a presiones diplomáticas o legales externas. La promulgación de este decreto concluye un capítulo crucial en la legislación electoral, fijando nuevas reglas para la contienda política y perfilando las condiciones de elegibilidad para las elecciones futuras.
Información de medios.
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