Eztli Yohualli
En teoría, México tiene la apariencia de un Estado de Derecho, el mismo presidente Enrique Peña Nieto repite constantemente esta cantata, cada que lo invitan a pronunciar algún lindo discurso en tierras extranjeras; en realidad, las cicatrices del país, apuntan más a un Estado de Conveniencias, donde las leyes pueden modificarse a pesar del descontento social, la verdad intenta acallarse con el asesinato de periodistas, crímenes quedan impunes, gobernadores son cínicamente corruptos y los niños son víctimas, victimarios y testigos del narcotráfico, la delincuencia organizada, la ordeña de hidrocarburos y los mismos operativos de las autoridades.
El pasado 3 de mayo, en el Palmarito, Puebla, un operativo que realizaban las autoridades para detectar tomas clandestinas de hidrocarburos, detonó un enfrentamiento entre supuestos huachicoleros y militares, lo que dejó un saldo de 10 personas fallecidas ―cuatro militares y seis civiles, entre ellos un menor de edad―, 14 detenidos ―cuatro menores de edad, nueve que fueron procesados y otro menor que falleció en el hospital.
La primera versión que circuló respecto a la afrenta, fue la emitida por el comandante Juan Manuel Rico Gámez, quien aseguró que los supuestos chupaductos habían utilizado a niños y mujeres como escudos humanos. Más tarde, Comunicación Social del Gobierno de Puebla, a través de su cuenta de Twitter @PueblaSegura_ divulgó un video en el que se observa a un grupo de mujeres e infantes intercediendo entre los pobladores y las autoridades.
Acto continuo, el mismo gobernador del estado, Antonio Gali, en el noticiero de Carlos Loret de Mola, la estrella televisiva, declaró: «en Palmar de Bravo, un niño de 11 años me reveló que los huachicoleros le pagaban por ser halcón». Es decir, que le pagan por avisar a los chupaductos, cuando un operativo se acerca, para que cumplan su cometido de extraer el combustible sin ser detenidos; pero también pueden encargarse de realizar trabajos como perforaciones o la misma venta ilícita del hidrocarburo.
Como resultado, al puro estilo cinematográfico del Save the cat, los medios de comunicación se encargaron de que algunos lectores tuvieran más empatía con los militares, que con los presuntos huachicoleros, a quienes prácticamente caracterizaron como criminales escudados tras mujeres y niños, desviando, totalmente, la atención de dos hechos primordiales: El operativo fue fallido, en tanto que hubo muertos, incluido un menor de edad y qué tan fracturada está la estructura social, para que los niños y jóvenes se involucren en actos delictivos en los que arriesgan su vida.
Lo anterior, es muestra de que, sin duda, el pensamiento dicotómico sigue prevaleciendo, a pesar de que los fenómenos y problemáticas sociales no pueden reducirse a lo bueno y lo malo, pues están determinados por diversos factores, que son los que tenemos que analizar y desentrañar para resolver y comprender cualquier conflicto o dificultad; pero a alguien, a algo o a algunos no les parece coherente esta idea, quizá porque es algo «peligrosa».
Después de que se realizara el enfrentamiento en Palmarito ―otra prueba de la disfuncionalidad de las instituciones, pues, para la población, las autoridades ya no representan seguridad, sino represión y resguardo de los intereses políticos de una élite― se dieron a conocer algunos videos con pruebas de ejecuciones extrajudiciales.
Ante la revelación de esos videos, algunos periódicos y noticieros televisivos intentaron defender con retórica las acciones militares: «El soldado estaba enojado, porque acababan de asesinar a su compañero, por eso disparó al presunto huachicolero». Es cierto, somos humanos, en ocasiones lo irascible se apodera de nuestras cabezas y actuamos sin meditar las posibles consecuencias de nuestras decisiones; no obstante, las tonalidades de la condición humana no pueden ser una justificación para los actos considerados ilegales; en primera instancia, porque, como sociedad, en teoría «decidimos» vivir regidos por un Estado de Derecho y de Legalidad, en el que rigen ciertas normas y leyes que no pueden quebrantarse sin resultados negativos. Por lo tanto, todo acto criminal debe ser sancionado ―aunque los centros de reinserción social tampoco son la mejor opción, pero ese es un factor que bien podría gestar otros discernimientos y uni-versos al respecto―.
Tampoco se ha puesto en mesa de debate un cuestionamiento clave: ¿Qué orilla a la población, incluidos niños y jóvenes, a cometer este tipo de actos?
Mientras los medios de comunicación trataron de expiar culpas o de vender diarios con los mejores titulares, las instituciones buscaron condenar a administraciones pasadas por la omisión del problema. El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, señaló: «Es un problema añejo que está floreciendo, encontrando la dimensión que tiene en el país», por otro lado, también afirmó: «Sí, hubo omisiones de algunas autoridades».
Y claro, ni los conflictos ni la vida misma son producto de la generación espontánea, por lo que lo sucedido en Palmarito debe tener años de gestación, sin embargo, ¿cuál es el factor o los factores que lo han detonado?, ¿por qué, aunque ya teníamos noticias de los huachicoleros, a inicios de año se volvieron más protagónicos en las primeras planas de los medios de comunicación?
Para empezar, la omisión del delito y la corrupción en pasadas administraciones, permitieron que este acto criminal fortaleciera sus estrategias y herramientas para seguir extrayendo combustibles de manera ilegal. Además, en este ilícito se han visto involucrados, tanto trabajadores de Pemex como funcionarios públicos, empresarios y sicarios del crimen organizado. Tampoco hay que dejar de lado que, para que este negocio ilícito fuera prolífico, fueron necesarios los clientes, quienes, seguro, tratan de ahorrarse unos centavos, aunque, a la larga, tendrán que realizar gastos innecesarios en reparaciones.
Justamente en el factor «cliente», hay una respuesta implícita, pues la demanda de los combustibles ofertados por los huachicoleros ha aumentado en similar proporción que el delito de la extracción, y la razón no es tan difícil de desentrañar, bastará con indagar en las noticias que dieron de comer a los diarios mexicanos a inicios de año, cuando la incertidumbre, los saqueos a tiendas departamentales y el caos social se hicieron presentes ante los llamados gasolinazos.
En enero y a principios de año, entró en rigor la tan polémica reforma energética, promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, lo que permitió que los precios de los combustibles se modificaran de acuerdo con el mercado internacional; y como el gobierno priista venía prometiendo desde varias administraciones, se acabaron los gasolinazos, puesto que los aumentos por centavo al precio de los combustibles ya no serán por año o por mes, sino a diario, pues dependiendo del precio del crudo, a nivel internacional, se aumentan o disminuyen las tarifas.
Así que, a mediados del año, seguimos padeciendo los daños colaterales de una reforma que no fue del todo aprobada por la población, algo que también pone en duda la democracia que supuestamente rige al país, pues estas acciones han resultado en una imposición que ya se ha cobrado la vida de algunas personas, incluidos menores de edad, y se ha llevado entre las piernas la seguridad de diversos estados; para ejemplo, lo sucedido con una familia en la carretera México-Puebla, donde, con tal de conseguir un auto para las labores de los huachicoleros, un niño fue asesinado, una adolescente y su madre fueron violadas, y el padre sufrió una tortura física y psicológica, al ser testigo de todo lo sucedido.
De todo el caos que gobierna en el país, se puede deducir que, tanto el Estado de Derecho como el de Legalidad están en completo desequilibrio y los ejecutivos, municipales, estatales y federales, siguen sin proponer estrategias para solucionar los problemas desde el fondo.
En Puebla, Gali Fayad aseguró que «los huachicoleros han descompuesto el tejido social comprando a los ciudadanos», sobre todo en la zona conocida como el Triángulo Rojo, pero esta realidad no es sorprendente; por un lado, los huachicoleros son parte de las comunidades y por tanto tienen un diálogo directo con los habitantes; en el otro extremo, están las autoridades, que sólo se comunican con las colectividades cuando inauguran alguna obra o cuando se dejan venir los tiempos electorales; mientras, la charla se vuelve imposible, y así lo dejan ver las autoridades, quienes construyen fronteras con la fuerza pública. Y, bajo la máscara de la legalidad, quizá tienen más comunicación con los mismos chupaductos.
Por ejemplo, Luis Banck, presidente municipal de Puebla capital, quien el pasado 13 de mayo, recibió a una comitiva compuesta por mujeres, niños, hombres y personas de la tercera edad, con una hilera de policías que defendieron con gran «honor», su palacio municipal; cabe destacar que el lema de la manifestación era: «No somos malos, no somos halcones», y para generar empatía con las personas, regalaron rosas blancas por la paz en Palmarito, pero las autoridades nunca aparecieron… y con sus trincheras de granaderos, dieron continuidad al antaño monólogo del pueblo.
De los halconcitos no sabemos nada, solo tenemos algunas imágenes en donde sus rostros aparecen algo confusos, no obstante, su silencio basta para que siga virando la mecánica de nuestra democracia, esa que solo abona beneficios a las conveniencias adultas y de determinadas élites, la misma que se sigue resquebrajando con el monopolio de la libertad y que cobra montos extravagantes por la dignidad y el acceso a una justicia plena, que se ha vuelto más blanda y ficticia que la más vendida «literatura» actual.
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