Inconcebible, despiadado, pero sobre todo impune, ha sido el caso Tlatlaya, en el que la PGR asegura que el asesinato de 22 personas, el 30 de junio de 2014, se trató de un enfrentamiento contra delincuentes y no de una matanza civil.
Por supuesto, las declaraciones de la PGR caían en varias omisiones (raro, ¿no?), pues mientras este organismo comentaba, perjuraba y gritaba que había agotado todos los recursos para demostrar su «inocencia», no pudo comprobar que, en efecto, se usaron todas las vías posibles para esclarecer el asunto y, de esta forma, dejar en claro que en aquella bodega del Estado de México no se asesinó a sangre fría a 21 hombres y a una mujer, sino a 22 delincuentes.
Una de las inconsistencias que la PGR no pudo esclarecer fue el supuesto asesinato de ocho de las 22 personas a manos de Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, elementos del Ejército, a quienes, además, se les acusa de alterar la escena del crimen.
Sin embargo, en la matanza hubo tres sobrevivientes, una de ellas es Clara Gómez Gonzáles ―mujer que vio cómo asesinaban a su hija aquella noche― y quien ahora interpuso un amparo para continuar con las investigaciones.
El amparo fue otorgado por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, y con el cual ahora la PGR está obligada a realizar una investigación exhaustiva y eficaz con la finalidad de demostrar si hubo o no una ejecución por parte de los soldados, la cual, en caso de haberla, habría sido extrajudicial.
En octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que, al menos 15 de los 22 supuestos integrantes del grupo delictivo, fueron ejecutados a manos del Ejército, aun cuando éstos ya se habían rendido.
Si bien, en aquellas épocas se felicitó al Ejército por haber abatido con éxito a los 22 delincuentes, resulta difícil creerle a la PGR que actuó con total valentía y heroicamente, pues tiempo después de la masacre, Associated Press dejó al descubierto ciertas inconsistencias.
Tras lo anterior, la Procuraduría General de la República aseguró que se dio un enfrentamiento entre un grupo delictivo y el Ejército, mientras que Associated Press informó que en la bodega donde se llevaron a cabo los asesinatos no había señales de haberse presenciado un enfrentamiento, pues la locación no contaba con las marcas que habrían dejado cientos y cientos de balas que se habrían usado en el abatimiento de los supuestos delincuentes.
Lo único que se encontró en la bodega fueron seis impactos de bala en la entrada, y manchas de sangre en las paredes. Sin embargo, una de las tres testigos que sobrevivió asegura que aquella noche en Tlatlaya no hubo enfrentamiento alguno entre Ejército y criminales, sino solo 22 personas asesinadas en una ejecución extra militar.
Lamentablemente, el Ejército ha perdido credibilidad entre la sociedad y aunque no se niega que entre la institución hay soldados honorables, también hay otros cuya autoridad, reafirmada por sus uniformes, las armas en sus manos y la sensación de poder, corroe la sangre que corre por sus venas, dejando un líquido cuya densidad está sedienta de inmunidad.
Israel Yerena
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