Desde el día de ayer en este espacio vaticinábamos que la Reforma educativa continuaría causándole conflictos al presidente Andrés Manuel López Obrador y, durante su conferencia matutina, se confirmó que la agenda del día ―y muy probablemente de la semana― estaría enmarcada por el conflicto existente con esta ley.
Ahora, el presidente envió un memorándum a los titulares de la SEP, Segob y SHCP para frenar la Reforma educativa. Tal documento ha sido señalado por todo el mundo ―casi literal― por su carácter de inconstitucional. Y es que frenar una reforma constitucional es una tarea que compete únicamente al Congreso.
Como siempre, AMLO se siente todo poderoso y emitió dicho texto para solicitar a los funcionarios de las dependencias antes expuestas que frenen los efectos de la «mal llamada Reforma educativa».
Contra él se lanzó el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, quien señaló a través de Twitter que este memorándum es «fácilmente impugnable». Además, detalló, «no se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad».
Además, los diputados de oposición han señalado que ya preparan un amparo ante dicho documento argumentando «usurpación de funciones legislativas y un atentado a la división de Poderes». Risible es que en un intento desenfrenado por hacerle frente a la avanzada morenista y Presidencial, el PAN ha dicho, a través de su coordinador de bancada en San Lázaro, Carlos Romero Hicks, que promoverá cuatro acciones legales contra AMLO, entre ellas la de desafuero.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su presidente Gustavo de Hoyos, ha dicho que esta es una violación a la ley. La violación a la ley es clara y la confederación tiene la posibilidad de manifestarse pero no de hacer política.
En todo el memorándum, AMLO tiene un punto de razón, y esto es cuando afirma que «las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante todo el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia corrupción y malestar social».
Y es que no se necesita mucho para entender que hay todo un engranaje detrás de las calificadoras, de las empresas que buscan hacer política, y las críticas al neoliberalismo que hace el presidente, pero las formas no son las correctas y tal y como se está indicando por sus opositores, se está incurriendo en un acto de inconstitucionalidad.
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