Un tribunal falló a favor de la empresa brasileña Odebrecht por omisión de información
Odebrecht solicitó información para poder tener una buena defensa, pero ésta le fue negada.
Un tribunal federal dejó sin efecto la sanción que la Secretaría de la Función Pública impuso en el 2017 a la constructora brasileña Odebrecht, la cual la inhabilitaba por cuatro años para poder tener contratos con cualquier dependencia federal. Esto se dio a conocer este lunes a través del Diario Oficial de la Federación, donde se ordena reponer el procedimiento contra la constructora.
Esto fue posible gracias a que la constructora reclamó que no pudo conocer el dictamen financiero contable que se usó en su contra para imponerle dicha sanción, por lo que no contaba con los elementos necesarios para ejercer su defensa.
«Con dicho oficio se le concede a la quejosa su derecho de audiencia respecto de los hechos que se investigan, y se da inicio al procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, por estimar que existen elementos para presumir que incumplió con sus obligaciones contractuales y se le otorgan quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga en el procedimiento señalado, aportando las pruebas que estime pertinentes, empero, no se le corrió traslado con el documento a través del cual se basa dicha imputación», dicta el amparo en revisión 192/2018.
Además, el tribunal detallo que esto habría derivado en que Odebrecht no contara con un debido proceso y, por ende, tampoco con una buena defensa. En cuanto a la omisión del informe que la compañía solicitaba se precisa que:
«“Lo que conlleva a señalar que la omisión o tardanza de la autoridad en aportar a la parte quejosa copias certificadas del documento base de la imputación, para que esté en aptitud de entablar adecuadamente su defensa, sí impacta sobre los efectos concretos y específicos que produce en el procedimiento administrativo, en virtud de que el simple paso del tiempo genera indefensión, pues como se vio, se le concedieron quince días para producir sus manifestaciones y aportar las pruebas que se relacionan con los hechos imputados y las presuntas infracciones que se le atribuyen, lo que puede verificar una vez que obtenga las copias del dictamen contable financiero de 21 de agosto de 2017 que solicitó para esos fines».
La sanción que se le había impuesto a la empresa el año pasado dictaba que no podría participar por sí misma en procedimientos de contratación o celebrar contrato alguno con las dependencias, la Procuraduría General de la República, Entidades de la Administración Pública Federal, Empresas Productivas del Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como con las Entidades Federativas cuando utilicen recursos federales.
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