Una vez más la Cooperativa Cruz Azul vuelve a los escándalos extrafutbolísticos.
A través de empresas arrendadoras e inmobiliarias, así como de la contratación de mujeres de origen extranjero, el destituido vicepresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, ha realizado millonarias transferencias foráneas, junto con sus socios José Besil Bardawil, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado.
Así lo revela una denuncia presentada en la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se detalla que Garcés Rojo hizo movimientos por 50 millones de dólares, transacciones de las que se ignora su origen.
De acuerdo con la querella interpuesta ante esa Unidad, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y de la que este medio tiene copia, esos recursos suponen lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y trata de personas con fines de explotación sexual.
El documento señala que entre las empresas utilizadas por Garcés Rojo para el presunto lavado de dinero se encuentran: Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, Impulso Business Operanting Solutions, Inmobiliaria Azul Celeste, Impulso Inmobiliaria Mixcoac, Inmobiliaria Puerto Vallarta.
A esas empresas se suman: Sport Clinic Lomas, Servicios Médicos Sport Clinic, MC2 División de Acabados, Ingeniería Crediticia, ENR, Productos Cementos Mexicanos y Grupo Impulso.
El denunciante, quien pidió el anonimato por temor a represalias, precisó que Garcés Rojo creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios para simular pagos junto con Fernando Luis Arista Nasr, quien ha recibido transacciones por varios millones de dólares, a través de la empresa Servicios y Desarrollos Akropolis, vinculada al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
Además se cuenta con testimonio de una mujer de origen extranjero, que acusó a Garcés Rojo y socios, de incurrir en la trata de personas sujetas a explotación sexual, ya que las obliga a prostituirse en las fiestas que organiza el exdirectivo de Cruz Azul.
Según el testimonio de la mujer, son «enganchadas» con trabajo y regularización migratoria, les quitan pasaportes y las mantienen bajo resguardo en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
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