César Celso González es abogado de la familia de Borge; fue detenido en julio pasado en un hospital de Cancún.
Un juez de control federal con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, determinó que dará seis meses para que se realice la investigación que sustente las imputaciones.
Un juez vinculó a proceso a César Celso González Hermosillo y Melgajero, supuesto prestanombres del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, por el delito de lavado de dinero. Quien fuera también el abogado de la familia, fue detenido en julio pasado por elementos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organiza (SEIDO) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
De acuerdo con las indagatorias, es uno de los 11 prestanombres que colaboró con Borge en el fraude inmobiliario por el que es investigado, el cual involucra 223 predios.
El supuesto operador del ex mandatario seguirá su proceso penal en libertad, puesto que pagó una fianza de 15 millones de pesos. Sin embargo el juez que ordenó su libertad, también solicitó que se le fuera retirado su pasaporte para evitar que César Celso González salga del país. Así mismo, se ordenó que el imputado acuda a firmar ante la autoridad judicial.
Se dio un plazo de seis meses para realizar la investigación que permita sustentar las imputaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por su presunta participación en la adquisición y enajenación de terrenos pertenecientes a la reserva protegida de Quintana Roo y que posteriormente fueron vendidos a cercanos del ex gobernador.
La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000749/2016 contempla que Hermosillo y Melgajero creó cinco empresas en las que posee 95 por ciento de las acciones. Como parte de las investigaciones, los agentes visitaron los domicilios en los que estaban registradas las empresas, y en muchos de ellos documentaron que no existen oficinas, sino que lotes baldíos y, en un caso, no hay domicilio registrado.
Por su parte Roberto Borge, enfrenta cargos por permitir la venta de 25 inmuebles en dicha entidad a un precio inferior al real, todo esto por un costo de 300 millones de pesos, a pesar de que su valor real era de 5 mil millones de pesos.
HOY NOVEDADES/MI MÉXICO