Desde hace cinco años, la Procuraduría General de la República informó que investigaba al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos fiscales, de los cuales fue acusado por parte de un testigo protegido de la DEA (Drug Enforcemente Administration, por sus siglas en inglés).
Posteriormente, se giró una orden de aprehensión en su contra, liberada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; conductas que no son para nada propias de un servidor público.
El pasado 21 de noviembre, la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien aportara información para lograr la captura de Yarrington, siendo hasta esas instancias, cuando el partido en el cual militaba, el PRI, lo expulsó, por «vulnerar los estatutos de dicho órgano político», aunque cabe recordar que el Revolucionario Institucional no es precisamente un ejemplo de transparencia.
Para muestra basta recordar el más reciente caso del también priista Javier Duarte, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado por el desvío de recursos destinados para programas sociales, y haber usado dicho capital para fines personales.
Por ello, pese a que en días pasados se anunció la detención de este delincuente, ligado a grupos criminales como Los Zetas y El Cártel del Golfo, en Florencia, Italia, gracias a la colaboración de autoridades de ese país; no sería nada sorpresivo que, después de que este sea repatriado a nuestro país, pudiera llegar a «escapar» de la justicia.
Cabe destacar que, en octubre de 2016, el actual mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló que elementos de la procuraduría estatal habían sido asignados como escoltas para la protección del exfuncionario, acción a la que el gobernador en curso calificó como absurda y aseguró haber solicitado el retiro inmediato de los agentes y denunciarlos ante la PGR.
Ahora comenzará el trajín en otro caso más de corrupción por parte de exfuncionarios, que desgraciadamente se han vuelto cotidianos, procesos en los que se puede esperar cualquier clase de sorpresa. Esperemos que en esta, la más reciente entrega de los políticos corruptos, sí se aplique el Estado de Derecho en toda la extensión de la palabra.
