El pasado miércoles, el Comité de la ONU para la protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias (CMW, por sus siglas en inglés) y el relator especial para los Derechos Humanos de los migrantes emitieron una declaración conjunta en la que exhortaron a México a realizar una investigación independiente, pronta y exhaustiva respecto al incendio ocurrido el 27 de marzo y en el que murieron 40 migrantes, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De igual manera, solicitaron al Gobierno brindar la atención médica y psicológica necesaria para las 27 personas que resultaron lesionadas.
En el documento también se expresó el interés de la Organización Mundial de la Salud en visitar México para poder tener un diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Derivado de las investigaciones realizadas por las autoridades competentes mexicanas, ya se han detenido a cinco personas, que ya están vinculadas a proceso por un juez, entre ellos, tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), un guardia de seguridad y la persona que presuntamente inició el fuego.
Políticas de contención migratoria fallidas
En 2017, el Comité de las Naciones Unidas ya había expresado su preocupación por las detenciones migratorias y las condiciones de las estaciones migratorias, en las que se retenían a las y los migrantes. El organismo recomendó a México desarrollar un plan de acción para que la detención migratoria fuera una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, así como para garantizar condiciones adecuadas y dignas en dichos lugares.
En 2022, se volvió a solicitar a México para que redoblara los esfuerzos en la mejora las condiciones en los centros de detención migratoria.
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