Es difícil poder dimensionar la tragedia que vive México, los seis jóvenes asesinados en Zacatecas, los cinco asesinados en el municipio de Lagos de Moreno, todo esto en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ante estos sucesos lo único que queda claro es que en México no hay justicia y que en buena medida la responsabilidad es de las autoridades gubernamentales.
De acuerdo con un informe de Naciones Unidas de 2021, en México murieron 26, 058 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, la tasa de mortalidad en este sector de la población es más alta que el promedio mundial, mientras que el promedio de mortalidad a nivel mundial es de 11 personas por cada 1000 habitantes, en México es 12.08 por cada mil habitantes, entre las principales razones para tener esta alta tasa de mortalidad se encuentra la criminalidad.
En el caso de la tragedia de Ayotzinapa el cambio de partido en el gobierno en el 2018 trajo nuevos aires de esperanza de poder esclarecer y llegar a la verdad de lo que ocurrió aquella terrible noche. Nadie quedó satisfecho con la versión que ofreció la administración de Enrique Peña Nieto, la “verdad histórica” que señalaba que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados al crimen organizado para ser asesinados, sus restos fueron quemados y arrojados al rio Santiago.
López Obrador hizo de esta tragedia una bandera de su campaña y prometió que esclarecería los hechos y llevaría a la cárcel a los culpables, de hecho, ya siendo presidente tuvo algunas reuniones con los padres de los estudiantes en los que informaba sobre los avances de la investigación.
Pero esta investigación más allá de buscar justicia, desde un inició se convirtió en una persecución política, a los primeros que se les persiguió fue a los encargados de realizar la investigación, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, el primero se encuentra detenido acusado de tortura y el segundo huyó a Israel y no se le ha podido extraditar.
De hecho, algunos de los miembros del grupo criminal se les liberó por haber sido torturados por las autoridades encargadas de realizar la investigación, y el líder de la organización criminal se convirtió en uno de los testigos protegidos de la Fiscalía, encargado de señalar a los responsables de la desaparición de los estudiantes.
Pero los padres de los estudiantes apoyados en el Informe del Grupo de Expertos hicieron un señalamiento especifico, que el Ejército había tenido participación en la desaparición, una de las líneas apuntaba que las fuerzas armadas tuvieron conocimiento de los hechos en todo momento y decidieron no intervenir, inclusive en su último informe el GIEI señaló que uno de los estudiantes era militar y se encontraba infiltrado en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Pero el señalamiento más grave del Grupo Interdisciplinario es que las autoridades estatales y federales tenían conocimiento de la colusión entre las autoridades municipales y el crimen organizado y no hicieron nada por detener el crimen.
A partir del momento en el que el Grupo Interdisciplinario entregó su último informe, los cuestionamientos sobre cómo se estaba realizando la investigación aumentaron, los miembros del Grupo Interdisciplinario acusaron “bloqueos y limitaciones” por parte de las instancias gubernamentales para realizar la investigación. Al final valiosos elementos de gobernanza fueron hechos a un lado para que las investigaciones quedaran en manos de las autoridades federales.
La principal polémica se da a mediados de 2022 cuando se solicitan 22 órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército, ordenes de aprehensión que días después son canceladas por la Fiscalía, cuando al fin parecía que se empezaba llegar a la verdad es el propio gobierno el que decidió frenar los avances de la investigación. Las razones para detener la investigación pueden ser variadas pero una que sin duda pesa, es la militarización de la seguridad pública y de la administración pública por parte del presidente López Obrador.
Los compromisos que ha hecho el presidente López Obrador con las fuerzas castrenses impiden que se llegue a la verdad, la construcción de obras, la administración de aeropuertos y aduanas, la Guardia Nacional convertida en policía, han llenado de compromisos al presidente con el Ejercito, por lo que una investigación más profunda dañaría seriamente la relación entre el poder civil y el militar, que ahora están más unidos que nunca.
La conmemoración del noveno aniversario estuvo llena de reproches por parte de los padres de los estudiantes desaparecidos, el principal, es que la nueva verdad historia de López Obrador no es muy distinta de la ofrecida por Peña Nieto, y que el gobierno protege a potenciales implicados, por su parte, López Obrador, fiel a su costumbre dice que él tiene otros datos y que si ha cumplido con su compromiso de esclarecer los hechos, su respuesta ante la manifestación por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue poner vallas en Palacio y en su monologo mañanero hablarse a sí mismo y convencerse de que en su gobierno ya no hay “masacres” ni “tortura”, ni “desapariciones”.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor @Integridad_AC
