Derechos humanos, el imperativo de hacer valer la dignidad de las personas.
En México, los derechos humanos se balancean entre el principio de respeto y la justicia por cuenta propia.
2 de octubre de 2018. A 50 años de la matanza en Tlatelolco, el primer eco que retumba al amanecer es una consigna atemporal: «¡aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche gobierno se tiene que morir!»… Atemporal, porque México sigue siendo un país en descontento, con una agenda de derechos humanos olvidada, linchamientos públicos, feminicidios, desapariciones y represiones estudiantiles.
«El Estado que no garantiza el respeto, propicia la impunidad», señala el Dr. Felipe Gaytán, catedrático de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, y con tal afirmación describe la situación actual en México.
En entrevista con Hoy Novedades, el Dr. Gaytán detalla que la gran diferencia entre 1968 y 2018 es la agenda de derechos humanos; la gran similitud ―lamentablemente― es la incapacidad estatal para garantizarlos.
En la administración del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, no existía algún organismo público que reconociera, garantizara y promoviera los derechos humanos como universales e inalienables, fue hasta el 13 de febrero de 1989, cuando se integró la Dirección General de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación y hasta el 13 de septiembre de 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se convirtió en una institución autónoma.
No obstante, pese a la creación de la CNDH, cuya función principal es proteger y defender los derechos humanos de quienes radican en México, las represiones estudiantiles se siguen presentando, quizá no con una magnitud similar a la 1968, pero sí con un saldo rojo:
26 de noviembre de 2014: Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa son interceptados por policías municipales y estatales en Iguala, el resultado es de 9 personas fallecidas, 27 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
3 de septiembre de 2018: A un mes de los 50 años de la Matanza de Tlatelolco, grupos porriles atacan una manifestación de estudiantes del CCH Azcapotzalco en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Hay tres heridos de gravedad y 10 lesionados.
Tanto la desaparición de los 43 estudiantes, como el ataque porril del 3 de septiembre son muestras del poco control que tiene el Estado para garantizar los derechos humanos; a lo anterior, se suman los feminicidios, el asesinato de periodistas ―que representa el ataque directo a la libertad de expresión―, los casos de migrantes asesinados, el número de muertes relacionadas con el crimen organizado, entre otras situaciones que terminan por derivar en la impunidad.
Impunidad que no solo se limita a los actos corruptos de los funcionarios públicos que no se castigan; sino que se extiende hasta la población cuando se propone a tomar justicia por cuenta propia y termina linchando a hombres y mujeres inocentes porque la confianza en las autoridades, en el Estado es inexistente, es un vacío del cual se renuevan la masacre, el dolor y el olvido.
Homogeneizar la diferencia
Uno de los cuestionamientos respecto a la funcionalidad de los derechos humanos es la homogeneización de una población diversa y pluricultural en las mismas garantías individuales, al respecto, el Dr. Gaytán explica que, recientemente, se ha creado el concepto de derechos culturales, no como una contraposición a los derechos humanos, sino como un reconocimiento del respeto a la diferencia.
Los derechos humanos, como la democratización del espacio público, surgen de la «necesidad de hacer visible la dignidad de las personas», de no limitar las garantías individuales a determinados grupos. Mientras que los derechos culturales enfatizan que se puede convivir en la diversidad, siempre y cuando haya un principio de respeto:
Respeto a las garantías individuales y a las diferencias culturales.
Por eso, el «método» cardenista de homogeneizar a la población mexicana es obsoleto, pues limitaba los derechos a grupos específicos y provocaba la pérdida de la riqueza cultural mexicana: muchos de los abuelos y abuelas dejaron de enseñar su lengua originaria por temor a la discriminación y porque la educación se impartía en la lengua dominante: el español.
Prejuicio y libertad de expresión
Uno de los principales derechos humanos es la libertad de expresión, que en el siglo de las redes sociales y la comunicación a través de internet se ha tergiversado.
En plataformas como Twitter reina la violencia cibernética, pues, a menudo, se emiten opiniones que se pueden valorar como negativas, respecto a situaciones complejas como los feminicidios.
El 3 de mayo de 2017, Ciudad Universitaria despertó con el cadáver de una mujer: Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF), fue estrangulada por Jorge Luis Hernández Gonzáles.
De inmediato, en redes sociales, la procuraduría publicó tuits en los que afirmaba que la mujer no era estudiante de la UNAM y que, se presumía, estaba intoxicada al momento de su muerte. Esta información que no era verídica generó una horda de comentarios que acusaban a Lesvy de ser la culpable por su propia muerte.
Cuando este tipo de comentarios son «debatidos» en redes sociales, sus «creadores» tienden a excusarse en el típico: «No me censures, existe la libertad de expresión», no obstante, el académico de La Salle asegura que hay una brecha muy grande entre la emisión de prejuicios y el diálogo a partir del respeto.
«No cualquier dicho es libertad de expresión», sugiere Felipe Gaytán, pues la libertad de expresión no puede experimentarse atropellando los derechos de otras personas. En cuanto a temas religiosos, políticos ideológicos, lo primordial es generar una cultura de diálogo, basada en el respeto y no en la violencia y las consignas de odio.
Para el profesor, es importante «fortalecer una cultura política para discutir con argumentos y no con descalificaciones», por lo que, la sociedad en general, debe tener muy clara la diferencia entre la calumnia, el prejuicio, la opinión y la argumentación, porque vilipendiar a otro u otra no es ejercer un derecho humano, es coartarlo.
Castigo, inserción y derechos
El pasado 29 de agosto dos campesinos, confundidos con «robachicos» fueron linchados en Acatlán de Osorio, Puebla. El motivo es multifactorial, un mensaje falso en redes sociales no basta para que toda una población decida tomar justicia por su propia mano.
Felipe Gaytán asegura que un «Estado que no garantiza el respeto, propicia la impunidad» y la impunidad genera sociedades descontentas que pierden el principio de respeto para hacer valer sus derechos.
Sin confianza en las autoridades y con la convicción de que quienes cometen un crimen no tienen derechos, una población es capaz de asesinar con crueldad a dos personas inocentes (cabe mencionar que este no ha sido el único caso producto de mensajes falsos en redes sociales).
El principal problema es que las autoridades no garantizan la integridad de los y las ciudadanas, el ejemplo más grave es lo que sucede dentro de los centros de inserción social.
De acuerdo con el académico, los Centros de Inserción Social son «los espacios por excelencia en los que el estado gobierna» y, por ende, los espacios en los que la dignidad y la integridad de las personas debería respetarse con mayor rigidez.
Pero la realidad es opuesta, en estos espacios se pierden casi todas las garantías individuales, se cobra el derecho de piso, las mujeres no tienen acceso a productos de higiene para sus ciclos menstruales, aplica la ley del más fuerte y grupos del crimen organizado tienen el poder para seguir cometiendo crímenes desde dentro.
Al respecto, el Dr. Felipe Gaytán reflexiona que si el Estado no logra controlar esos espacios cerrados, evidentemente, en el espacio público no tiene orden ni control para garantizar a la ciudadanía sus derechos humanos.
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Por Mimí Kitamura
HOY NOVEDADES/ MI MÉXICO
