Los legisladores deben centrarse en una nueva instancia independiente, autónoma y ajena a intereses políticos.
El sistema de procuración de justicia en México enfrenta una grave crisis y la confianza de la ciudadanía en las instituciones es muy baja.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló que la transformación de la PGR a Fiscalía General no debe ser cosmética, además, el diseño de la institución deberá ser prioridad antes que el nombre de quien será su titular.
Subrayó que los debates legislativos deben centrarse en alcanzar una nueva instancia independiente, autónoma y ajena a intereses políticos; además de que las reformas constitucionales y legislativas que se formulen deben tener como eje rector a la justicia y al fortalecimiento del estado de derecho.
Esta mañana, durante la inauguración de un seminario sobre el combate a la impunidad en América Latina, celebrado en el Senado de la República, explicó que existe un consenso amplio de órganos, nacionales e internacionales, de que el sistema de procuración de justicia en México enfrenta una grave crisis y que la confianza de la ciudadanía en las instituciones es muy baja.
El funcionario de la ONU explicó que «sería un error» reducir la deliberación de la creación de esta nueva instancia a un mero debate sobre el perfil de su titular, pues consideró que antes de ello es preciso definir el diseño de la institución.
«En México en casi todos los principales problemas de derechos humanos, en casos de corrupción u otros delitos, la impunidad es el denominador común y es entendible que el modelo de impartición de justicia no puede abstraerse de la compleja situación de seguridad que enfrenta México, pero éste debe estar principalmente al servicio de la justicia y no de los sistemas de seguridad pública», consideró.
Explicó que en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, como el que se vive en México, se requiere de una política de investigación criminal centrada en las víctimas y con herramientas sólidas para investigar contextos sistemáticos de comisión de delitos con violaciones a estas garantías fundamentales.
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