Diputada Azucena Cisneros Coss
Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado de México
A pesar de los avances en Justicia Cívica en el Estado de México, es importante destacar que la falta de valores, la discriminación, la pobreza, la corrupción y la desconfianza en las autoridades, entre otros factores, han generado un desprecio y desdén hacia el cumplimiento de las reglas básicas de convivencia, por lo que los conflictos vecinales se han vuelto más complejos y frecuentes.
El 5 de febrero de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas constitucionales en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles.
De acuerdo al “Análisis Comparativo entre los Municipios Del Estado De México sobre la Implementación Del Modelo Homologado de Justicia Cívica En México”, presentado en marzo de 2021 por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el promedio general de avance en la implementación de Modelo Homologado de Justicia Cívica en la entidad es del 42 por ciento.
El estudio también señala que 60 municipios se encuentran por arriba del promedio estatal mientras que 53 municipios se encuentran por debajo, seis municipios no entregaron información y seis más reportaron, sin evidencia, un porcentaje mayor al 80 por ciento.
Por lo anterior, es fundamental homologar nuestra normatividad en materia de Justicia Cívica a lo establecido en la Ley General, por lo que presenté la iniciativa de Ley de Cultura Cívica para el Estado de México, la cual ya fue aprobada la semana pasada en comisiones legislativas y será presentada ante el pleno.
La iniciativa responde a las peticiones ciudadanas que recibí en mis recorridos de campaña por Ecatepec en 2021, donde la mitad de las demandas eran relacionadas con conflictos vecinales y como representantes populares estamos obligados a legislar para atender las necesidades de la gente.
En este nuevo ordenamiento jurídico se establece la creación de los Juzgados Cívicos, como la institución encargada de resolver los conflictos entre particulares, vecinales y comunales; y contempla la estructura mínima para su funcionamiento la cual consiste en: un Juez de Justicia Cívica; un Facilitador; un Secretario; un defensor de oficio; un médico; los policías de custodia que se requieran para el desahogo de las funciones del Juzgado; y el personal auxiliar necesario.
Un aspecto fundamental de la Ley es que en ninguna circunstancia podrán someterse a un procedimiento de mediación o conciliación los conflictos que impliquen violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes.
Las infracciones señaladas podrán ser sancionadas con arresto por hasta 36 horas; multas y con trabajo en Favor de la Comunidad, o bien asistir a los cursos, terapias o talleres diseñados para atender los factores de riesgo que pudieran estar presentes.
