La intervención de López Obrador dentro del Poder Judicial será uno de los legados más ominosos de su gestión, como ejemplo de esto se encuentra: la nominación de personajes cercanos a su movimiento al cargo de ministro, los cambios que quiso introducir al interior del Judicial para prorrogar la presidencia de Arturo Zaldívar, y los recortes presupuestales que afectan sobre todo al personal administrativo, todas estas acciones reflejan que lejos de fortalecer el sistema de justicia lo que se busca es controlar de manera absoluta al resto de los poderes del Estado mexicano.
El argumento de que los ministros de la Corte viven en el privilegio, que actúan a favor de grupos de interés y que son conservadores por la forma en la que votan, han sido los principales elementos que López Obrador ha utilizado para señalar que el Poder Judicial requiere de un cambio “radical”. Para resolver el problema de la falta de imparcialidad de los ministros, López Obrador ha propuesto elegirlos a través de elecciones. En realidad, la propuesta lo que busca es establecer una estrategia para que sea el presidente y el Legislativo los que propongan a los candidatos, que serán votados por la ciudadanía, en las condiciones actuales el presidente con las mayorías que tiene en el Congreso, podría nominar a quien quiera, pero principalmente perfiles afines a su causa.
Un ejemplo claro de esta estrategia se vio con la terna enviada por López Obrador al Senado de la Republica para sustituir a Arturo Zaldívar, el presidente ha dejado claro que no le interesa nominar a perfiles independientes, le interesa nombrar incondicionales.
Sin ningún pudor o reparo, el presidente integró una terna conformada por personajes cercanos a su gobierno y a su partido: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Bertha Alcalde también participó en la selección de consejeros del INE, al final no fue seleccionada porque el sorteo no la favoreció para ser presidenta del INE; Lenia Batres Guadarrama, hermana del actual jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, Lenia es militante de Morena y consejera adjunta de la Consejería Jurídica de la presidencia; María Estela Ríos González, actual consejera jurídica de la presidencia, quien ha acompañado a López Obrador en distintas etapas de su carrera política, fue su consejera jurídica cuando fue jefe de Gobierno del 2000 al 2006.
De estas tres mujeres no se puede cuestionar su trayectoria, pero sí su cercanía al poder, su cercanía a familiares y militantes en Morena y al propio presidente. La razón para integrar la terna de esa forma es clara, el presidente no piensa especular, la persona seleccionada al cargo de ministra debe ser incondicional al presidente, el compromiso no es con la ley es con López Obrador.
De los cuatro ministros que ha nominado el presidente a lo largo de su sexenio: Juan Luis González Alcántara (2018), Margarita Ríos-Farjat (2019), Yasmín Esquivel (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021), al menos dos de esos perfiles han actuado de forma independiente una vez que asumieron el cargo, González Alcántara y Ríos-Farjat, los dos otros dos perfiles han apoyado al presidente en todos aquellos asuntos que le favorecen.
La burda maniobra de Arturo Zaldívar, de abandonar el cargo de ministro un año antes de concluir con su encomienda, es para que López Obrador puede colocar a un incondicional en la Corte que durará en el cargo 15 años. Con este movimiento al menos López Obrador puede garantizar que entre tres incondicionales a su causa el Senado tendrá que elegir el puesto vacante, dos rechazos a la terna propuesta por López Obrador le permitirán colocar a cualquier perfil de los ya propuestos. Con independencia de quien quede, al final, si hay algo seguro es que los tres perfiles comparten la causa obradorista.
López Obrador obsesionado con su historia y su legado, pretende recuperar las tradiciones del presidencialismo más rancio que se conoce en México, ese presidencialismo que tiene sus raíces en dictadores y caciques, pretende disfrazar sus pretensiones autoritarias, de decisiones en las que según él pretende está acabando con los privilegios, cuando en realidad lo que pretende es erigirse en el propio Estado y ser él quien de manera discrecional decida qué rumbo debe tomar el país.
Lo que está en juego es mucho, al ya de por si frágil sistema de justicia en el país, se le debe de sumar la peligrosa tentación de López Obrador de asaltar la Corte, nombrado ministros afines, ante tal escenario es imposible que en México se pueda garantizar el estado de derecho, todo se decide de manera discrecional, ya no en la Corte, es más ni siquiera en Palacio Nacional, en una experiencia ya vivida en tiempos pasados puede que las decisiones y las negociaciones se decidan en el rancho de López Obrador una vez que éste se “retire”, lugar al que seguramente acudirán las y los ministros afines para recibir instrucciones de quien “realmente” gobierne.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C.
