Con la decisión de extinguir trece fideicomisos del Poder Judicial, el Poder Legislativo consumó la venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un poder que ha revertido decisiones que al presidente le permitirían concentrar más poder, para López Obrador el Poder Judicial le es incómodo porque no se somete a su voluntad como si lo hace el Poder Legislativo.
En aras de acabar con los “privilegios” y con la “ineficacia” del Poder Judicial, el presidente acusa que hay personas sin sentencia porque el Poder Judicial se tarda en emitir sentencias, que los trabajadores gozan de amplios periodos vacacionales y de una serie de privilegios con los que es necesario terminar. El presidente pretende con este debate mostrar que el Poder Judicial es el villano de la historia mientras que él busca el bien, sin embargo, se trata de una lucha selectiva, el presidente aplica recortes presupuestales de instituciones que le son incomodas porque su función es contrapesar el poder presidencial.
Sin embargo, el debate no se puede simplificar, no se puede señalar que todo funciona mal con la justicia mexicana por culpa del Poder Judicial, la realidad es que hay una serie de factores que explican que la ciudadanía en México no tenga acceso a un sistema de justicia eficaz.
¿Quién puede confiar en que al momento de ir a levantar una denuncia en verdad se va a atender el caso?, como se puede apreciar en el caso de los miles de desaparecidos y homicidios dolosos que hay en el país, las denuncias poco ayudan a disminuir la criminalidad, los altos niveles de impunidad que hay en México ilustran como es que la justicia llega a pocas personas, es difícil confiar en el trabajo que realizan las autoridades ministeriales.
Las fiscalías en los estados y la Fiscalía General de la República son ejemplos de la ineficacia del sistema, dependientes de los poderes ejecutivos estatal y federal, estos órganos difícilmente cumplen con su función de investigar y perseguir delitos, cuando no cuentan ni con el personal ni los recursos suficientes para realizar su trabajo. O cuando estas instancias están ahí para atender intereses ajenos a la justicia, ponerse al servicio de los gobernantes en turno para perseguir enemigos políticos o perseguir familiares, como quedó demostrado en el caso del fiscal Alejandro Gertz quien se dedicó a perseguir a su cuñada, o simplemente actúan por consigna para “justificar” que cumplen con su trabajo.
Por otra parte, en esta misma ecuación, hay un arma poderosa con la que cuentan las instancias de procuración de justicia, la prisión preventiva oficiosa, que es utilizada para mantener a las personas en la cárcel sin que el ministerio público tenga que presentar alguna razón que justifique la privación de la libertad, basta con que el delito se encuentre contemplado en el artículo 19 de la Constitución para que un juez conceda la prisión preventiva oficiosa. Lejos de terminar con esta práctica nociva, López Obrador junto con su bancada en el Congreso decidieron incrementar el número de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, lo que muestra la visión punitiva del régimen.
México ha recibido sentencias de distintas instancias internacionales por violación de derechos humanos, la figura de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo son consideradas violatorias de derechos humanos, gracias a esta figura miles de personas se encuentran presas en México sin recibir sentencia, sin embargo, el presidente ha señalado que no retirará esta figura de la Constitución porque ayudaría a que los delincuentes que tienen “poder económico” evadan la justicia, oponerse a la prisión preventiva oficiosa es símbolo de “conservadurismo” ha señalado López Obrador.
Paradójicamente a quien más termina afectando la figura de la prisión preventiva oficiosa es a las personas más pobres, con menores niveles de educación, que desconocen sus derechos y el debido proceso, pero el presidente piensa en sus enemigos antes que, en los más vulnerables, los que supuestamente son su estandarte político, los pobres.
Con su decisión de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial López Obrador no pretende crear un sistema de justicia de ni más funcional ni más eficiente, sus propuestas lo que buscan es concentrar más poder, desgastar a los contrapesos del sistema y doblegar a los poderes recortando presupuesto.
Por otro lado, con los recortes al poder Judicial lejos de afectar los privilegios de ministros y de los funcionarios de mayor nivel, a quien más terminará afectando es la base de trabajadores que cuentan con derechos laborales adquiridos, no solo eso, con la medida también pretende afectar el funcionamiento de las ya de por sí frágiles instituciones de impartición de justicia en el país.
La naturaleza autocrática de la gestión de López Obrador da muestras claras de que no le interesa tener una administración más eficiente, un país que ataque las raíces de los problemas que se encuentran en la vulneración de los derechos de las personas, lo que le interesa con su narrativa es dividir, contar verdades a medias, pero no resolver problemas. Al final su idea de gobierno es que la voluntad del gobernante sea la que predomine, cuando Aristóteles debate sobre si es preferible un gobierno de leyes o uno de hombres, el filósofo no duda, es preferible un gobierno de leyes porque carecen de pasiones, lo de López Obrador no es pasión, es obsesión por mostrar que él es el que manda.
Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana @ivarrcor @Integridad_AC
