Dicen que los escrúpulos son una especie de «piedritas» que se sienten en la cabeza cuando incurrimos en una conducta que perjudica la estabilidad individual o colectiva en una sociedad, esas pequeñas rocas funcionan como un último freno antes de errar; sin embargo, aquellos que han cometido un feminicidio deben encontrarse a años luz de sentir, por lo menos un poco de comezón, pues ni los escrúpulos son capaces de atravesar una piel acorazada contra las más elementales garantías individuales.
El tema del feminicidio adquiere una preocupación todavía mayor cuando se comete contra una menor de edad, como el reciente caso de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, una menor de 11 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de una unidad de transporte público, el pasado 9 de junio, en Nezahualcóyotl, Estado de México, entidad que cuenta con once alertas de género en municipios grandes como el antes mencionado, así como Ecatepec y Tlalnepantla.
Si esto lo llevamos a una plataforma más amplia, nos encontraremos con que el feminicidio ha sido y sigue siendo uno de los problemas que más lastima al pueblo de México, y aunque gobernantes se la pasan escupiendo demagogías para erradicar este cáncer, incluso desde sus campañas, lamentablemente la bomba feminicida termina por estallar.
Sin distinción de colores partidistas, la falta de orientación educativa e instrumentos legales, programas sociales, o peor aún, la no continuidad o total indiferencia hacia este creciente problema, nos ha arrastrado de tal forma que, a junio de 2017, se han activado alertas de violencia de género en los estados de Morelos, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Sinaloa, sin dejar de mencionar el oscuro pasado de Ciudad Juárez.
Debemos reflexionar en aquellas entidades, donde si bien no se ha activado la alerta, las cifras en asesinatos de mujeres se han disparado, como el reciente (y creciente) caso de Puebla, pero la denuncia de origen pudo haber sido por otro delito como desaparición, secuestro o incluso un extravío; sin embargo, al no existir continuidad en la indagación por parte de las autoridades, la agresión se queda pendiendo en una suerte de limbo infestado por una lamentable cifra de delitos. Ahí, un feminicidio se convierte en un frío folio asignado a una «carpeta de investigación» que nunca más se revisará.
¿Pero cuáles han sido las acciones de quienes gobiernan?, ahí tenemos a los que han apostado por organizar campañas «cero tolerancia», difundidas a través de la radio y televisión estatal, buscando que la generación de contenidos fomenten la cultura de no violencia hacia la mujer.
Se ha propuesto generar un protocolo de comunicación entre las procuradurías y las dependencias de seguridad, para utilizar un lenguaje que evite la agresión hacia el género, por crear legislaciones para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia, así como igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la entidad.
Sin embargo, dichas estrategias no tendrán impacto mientras no se apliquen desde la educación, pues la exclusión y violación a los derechos de las mujeres se presenta desde aquellas aulas escolares donde se infravalora su voz y su esfuerzo, sumado a los pensamientos tradicionalistas que tratan al sexo femenino bajo la sumisión y la inferioridad respecto al hombre.
Esas arterias maquiavélicas que hoy día se reflejan en promesas de «tarjetas rosas» que connotan una ruin idea de mantener a una mujer encerrada en su casa, son una muestra de aquellas prácticas que, desde el gobierno, limitan la participación del sexo femenino en la transformación de nuestro país.
Por Edgardo VL
HOY NOVEDADES/EN BOGA
