Los legisladores republicanos de Misuri y Misisipi han impulsado un programa de cazarrecompensas para localizar y detener a migrantes ilegales, lo que ha generado un intenso debate en redes sociales. La propuesta busca compensar con hasta 1,000 dólares a quienes proporcionen información que conduzca a la detención de indocumentados.
En Misuri, el senador David Gregory presentó la iniciativa bajo el nombre de Ley SB72, la cual se encuentra en análisis por el Comité de Seguridad Pública. Este proyecto permitiría que la policía arreste a migrantes indocumentados y establecería el programa de “Cazarrecompensas Certificados para Inmigrantes Ilegales”, con recompensas económicas para los informantes.
“Solo personas con licencia de agente de fianza o de garantías podrán participar en el programa, asegurando que la búsqueda de indocumentados sea llevada a cabo por individuos certificados”, explicaron los legisladores.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) serían los encargados de ejecutar los arrestos basados en las denuncias anónimas.
Endurecimiento de políticas migratorias bajo Trump
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las políticas migratorias han endurecido significativamente, generando tensiones internacionales, especialmente con países de América Latina. En las últimas semanas, miles de migrantes han sido repatriados a sus naciones de origen, lo que ha incrementado la preocupación de comunidades latinas dentro de EUA.
En redes sociales, migrantes latinos han expresado su temor ante estas nuevas medidas, denunciando la persecución constante por parte de las autoridades migratorias. La posibilidad de que civiles certificados participen en la detención de inmigrantes ha encendido el debate sobre la legalidad y ética de estas políticas.
Misisipi frena propuesta de cazarrecompensas
En Misisipi, el legislador Justin Keen propuso un proyecto similar que incluía la figura de cazarrecompensas con la misma recompensa de 1,000 dólares por denuncia. Sin embargo, la iniciativa fue frenada por el Comité legislativo, deteniendo su avance.
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La propuesta ha generado divisiones dentro del Congreso estatal, con sectores que la consideran una violación de los derechos humanos y una política que puede incentivar persecuciones injustificadas. A pesar de su rechazo en Misisipi, en Misuri la iniciativa sigue en discusión y podría convertirse en ley en las próximas semanas.
Los defensores de los derechos de los migrantes han alertado sobre los riesgos de estas medidas y han instado a las autoridades a priorizar soluciones humanitarias en lugar de promover la criminalización de la migración.
